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Miles de mujeres marcharon en las principales ciudades de Bolivia para manifestarse contra un Estado al cual consideran patriarcal, que por consiguiente no les permite alcanzar niveles de vida dignos, tal como lo demuestra una cantidad alarmante de casos de violencia. En lo que va de 2023 se cometieron 20 feminicidios, con lo cual este país ostenta la tasa más alta de Sudamérica.
Las organizaciones feministas que tomaron las calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz consideraron que hay graves falencias en los órganos Jurídico y Ejecutivo para terminar con los asesinatos de mujeres, que en la mayoría de los casos son cometidos por sus propias parejas o familiares.
Desde el Gobierno de Luis Arce aseguraron que realizan varias tareas con la finalidad de «despatriarcalizar» las estructuras del Estado, así como los poderes que lo componen.
«Hemos tenido un 8 de marzo masivo, con la movilización más grande de los últimos años. Las consignas centrales son contra el avance de la ultraderecha y los sectores antiderechos del país», dijo a Sputnik Violeta Tamayo, de la organización Pan y Rosas.
«Hemos visto que los sectores antiderechos están altamente fortalecidos. En 2022, durante los 36 días de paro en Santa Cruz se cometieron actos de violencia patriarcal, racista, empresarial, como la violación colectiva en puntos de bloqueo, así como las amenazas y golpes que dieron a compañeras LGTB», la sigla de lesbiana, gay, trans y bisexual.
Tamayo también recordó que en ese periodo «las mujeres indígenas ayoreas recibieron golpes brutales. Hemos tenido un contexto de violencia, con discursos conservadores».
Educación sexual en las escuelas
En La Paz no solamente se manifestaron las mujeres. Desde la mañana la ciudad colapsó con las protestas de docentes, quienes se oponen a la malla curricular del Gobierno de Arce porque incluye ejercicios de memoria sobre lo ocurrido en el golpe de Estado de 2019, contra el expresidente Evo Morales (2006-2019).
Las organizaciones feministas tampoco están conformes con lo que se enseña en las aulas, pero por diferentes motivos «no está contemplada la Educación Sexual Integral, que es rechazada por las mal denominadas plataformas por la vida, que son ultraclericales y fundamentalistas», consideró Tamayo.
Las mujeres también exigieron la separación de la Iglesia y el Estado, ante la evidencia de que gran parte de las escuelas bolivianas son manejadas por la institución eclesiástica.»Nos hemos manifestado ante el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y los Tribunales porque el Estado es responsable de la impunidad ante los feminicidios», mencionó Tamayo.
Las mujeres y un grupo religioso se enfrentaron ante la Basílica de María Auxiliadora en pleno Prado paceño. Algunos jóvenes católicos convocados para defender la fachada del edificio arrojaron objetos a las manifestantes.
Como respuesta, ellas lanzaron pintura rosada en las escalinatas y echaron espuma de carnaval a los religiosos. «Todas estas señoritas están perdidas. No las formaron con los valores de la familia», dijo a Sputnik una de las defensoras de la basílica mientras señalaba a la multitud de mujeres que bailaba, cantaba y gritaba en reclamo de que ya no las maten.
En plena calle, incendiaron un muñeco que simbolizaba al «macho opresor», que ardió entre gran algarabía de las presentes. «Desde que tenía cinco años fui abusada por mis tíos. Cuando le conté a mi familia prefirieron encubrirlos. Por eso sé que ellas son lo único que tengo», dijo a Sputnik una joven encapuchada, señalando a las mujeres que tenía alrededor.
Avances del GobiernoDías atrás, el Gobierno de Arce presentó los resultados del «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización», que transcurrió en 2022. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, destacó la conformación de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidio, creada a partir de lo ocurrido con el feminicida serial Richard Choque, quien —pese a tener una sentencia sin derecho a indulto— fue liberado por Rafael Alcón, ahora exjuez.
Mediante el trabajo de esta comisión se iniciaron procesos a 15 de 18 jueces que favorecieron a feminicidas con detención domiciliaria por razones médicas u otras justificaciones endebles. Así, 10 magistrados fueron destituidos y 21 sentenciados volvieron a la cárcel.
El Gobierno también resaltó la promulgación de la Ley 1443, de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. Asimismo fueron modificadas leyes para evitar que los feminicidas sentenciados vuelvan a las calles.
Pero las organizaciones feministas exigen más mejoras, como un presupuesto adecuado para atender a las víctimas de violencia que recurrentemente son revictimizadas cuando acuden a la Policía, según denunciaron.
«Luchamos por un plan de emergencia integral que cuente con presupuesto. Es necesario contar con un ente civil, integrado por víctimas y familiares, que pueda combatir la violencia patriarcal», explicó Tamayo.
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