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México 2018: Tiempos turbulentos

México 2018: Tiempos turbulentos

Manuel Aguilar Mora *

GCM, 4-1-2017

http://gcm-mx.com/opinion/

2017, el penúltimo año del terrible sexenio priista de Enrique Peña Nieto terminó, en concordancia completa con el carácter funesto que ha determinado todo su gobierno. Eso fue la aprobación en noviembre y diciembre por los senadores y diputados de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, en completa contradicción con la Constitución vigente, legaliza el despliegue de la acción represiva del ejército y la marina en todo el territorio nacional. México, una república en la que formalmente no hay una guerra, ha sido azotado en 2017 por una oleada de violencia que se equipara con la de la infortunada Siria, envuelta en una sangrienta guerra, en todos los índices macabros de muertos, desaparecidos y su cauda de daños colaterales como los feminicidios, periodistas asesinados, secuestros, violaciones e impunidad rampante. Los índices terribles han llegado a cifras records: más de 27 mil muertes dolosas (80 asesinados al día, 2 mil muertes como media mensual), decenas de miles de desaparecidos (la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa en 2014 todavía no es esclarecida ) y la decisión de Peña Nieto de darle patente de corso a los militares viene a ensombrecer aun más este siniestro panorama al convergir con el otro acontecimiento fundamental que hace del año que se inicia una fecha clave de la política nacional: las elecciones generales de julio del 2018.

Elecciones “democráticas” en un país militarizado

Durante las últimas semanas de 2017 hubieron numerosas protestas, marchas, mítines, declaraciones públicas (por ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) y todo tipo de actos que se pronunciaron contra la promulgación de la LSI por parte de las autoridades. La cuestión desbordó las fronteras nacionales declarándose en contra de la LSI el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y otras prestigiadas organizaciones, todas ellas enfatizando las violaciones a los derechos humano que muchos de sus artículos representan y señalando las consecuencias catastróficas de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vana ilusión, la aplanadora oficialista en el Congreso acabó imponiéndose con la votación de los priistas, de sus aliados (como los verdes) e incluso legisladores panistas que, a pesar de sus ataques políticos al PRI, confluyen con éste en temas clave de la agenda conservadora. La consigna de Peña Nieto a los legisladores de su partido no dejaba dudas: hay que aceptar y aprobar la iniciativa de ley sobre la seguridad interior para dar gusto a los militares que son más exigentes y quienes a su vez responden a las demandas de sus colegas del Pentágono que influyen e intervienen cada vez más en las decisiones de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La interpretación política prácticamente unánime de los observadores independientes de los medios es que la promulgación de la LSI por parte de Peña Nieto está orientada a profundizar, con un marco “legal”, la militarización del país en gran medida debido a la situación que es previsible se presente ante la muy probable crisis electoral del primer domingo del próximo julio. Una crisis electoral anunciada ante la evidente lamentable situación del Instituto Nacional Electoral (INE) controlado sin tapujos por el partido gobernante de Peña Nieto, el corrupto y desprestigiadísimo PRI. Tanto nacionales como internacionales, estas interpretaciones coinciden sin apelación ante el tsunami de hechos que las sustentan: la controvertida LSI de Peña Nieto, que solamente espera la hoja de parra de su aprobación casi segura de la Suprema Corte de Justicia, viene a coronar una situación que se originó hace dos décadas con la salida de los militares de sus cuarteles para intervenir en actividades policiacas contra “el crimen organizado” que se convirtió en el gobierno panista de Felipe Calderón (2006-12) en una feroz embestida represiva contra una oleada de descontento popular producida por las consecuencias de las fraudulentas elecciones de 2006.

Este reforzamiento del poderío de los militares en la vida política nacional que representa la LSI, cuyo texto base enviado al Congreso por Peña salió precisamente de las oficinas de la Secretaria de la Defensa Nacional, ha sido percibido así en México en forma casi unánime, por supuesto si exceptuamos a las opiniones oficialistas. Por ejemplo esta es la conclusión que se saca en el documentado reportaje “La Ley de Seguridad Interior: el ejército avasalla” en la revista Proceso, (17.12.2017) una de las publicaciones independientes más leídas del país. Y en el extranjero también ha habido esa percepción como se constata en reportajes excelentes en diversos órganos, como por ejemplo el de Eliana Gilet “La hora verde. México refuerza el poder militar sobre las instituciones civiles”, publicado en el uruguayo Brecha (29.12.2017) y reproducido en la red por el Boletín Informativo:Correspondencia de Prensa.

Como puede aquilatarse, este coctel explosivo de unas “elecciones democráticas” realizadas mientras se profundiza el proceso de la militarización, ahora “legalizada”, del país es de pronósticos reservados.

Tres bloques burgueses

Existe así una situación paradójica en la cual se mezcla de manera contradictoria la muy burguesa democracia mexicana (y no sin adjetivos, como quieren Enrique Krauze y sus amigos) con sus constantes jornadas electorales y cuyo pilar es indudablemente el INE, la institución matriz de corrupción y fraude asentada en una bolsa de miles de millones de pesos de donde se nutren abundantemente todos los partidos “registrados” con la realidad política de un país en donde el “partido” de los militares ha acumulado y conquistado espacios en donde disponen de gran influencia y poderío. Esta situación constituye un verdadero oximoron político: una democracia burguesa militarizada o una militarización “democrática”. En este escenario van a actuar los principales protagonistas de las elecciones del julio que son los tres bloques electorales burgueses ya constituidos y en plena campaña electoral desde diciembre. Los mismos están encabezados por los candidatos de los tres principales partidos burgueses: el PRI con José Antonio Meade, el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador.

El bloque del partido que detenta el poder presidencial adoptó el personalísimo título de “Meade Ciudadano por México” y lo integran el propio PRI y sus aliados el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Verde. Peña Nieto y su asesor político principal, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, decidieron enfrentar el enorme reto que tienen ante el gigantesco desprestigio del PRI que en las encuestas aparece como seguro perdedor, escogiendo como su sucesor a un personaje que formalmente no es priista sino perteneciente a una familia de larga estirpe panista. Meade es un tecnócrata puro salido de los cubículos de las instituciones financieras: su padre fue el primer presidente del IPAB (Instituto de Protección del Ahorro Bancario) el engendro en que acabó en los años noventa la operación multimillonaria del rescate bancario con motivo de la grave crisis financiera de 1994. El joven Meade, empezó su carrera de tecnócrata contratado por su padre para fungir como secretario del mencionado IPAB y desde entonces se fue encumbrando como un servicial funcionario de los gobiernos tanto panistas como priistas. Con Peña fue miembro de su gabinete y titular de tres secretarias de estado: Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. La operación de la forja de la candidatura de Meade es el reconocimiento patente que hacen los propios priistas que ya son impresentables y también es un claro guiño a los sectores panistas de lo que se ha venido en llamar el PRIAN. Como es fácil de imaginar cuenta con el apoyo decidido de los integrantes del Consejo Económico Empresarial, organismo cúpula de los capitalistas más importantes de México.

El PAN, con su ex presidente y ahora candidato Ricardo Anaya ha logrado constituir una coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano con el nombre de “Por México al Frente”. El éxito que significa para el PAN lograr atraer al PRD a una coalición encabezada por su líder significa un importante logro. El PAN adquiere una imagen centrista que disfraza su tradicional postura de la derecha clásica, mientras que el PRD culmina su deriva hacia la derecha que el progresismo de origen nacionalista (neocardenista), lombardista y de diversos grupos de directa procedencia estalinista y hasta algunos personajes provenientes del trotskismo, han venido recorriendo abiertamente desde, por lo menos, el año 2000. La coalición tiene sus fricciones y hereda, por supuesto, los fardos de sus componentes, sus vínculos con la corrupción, los personajes desprestigiados que ya comenzaron a aparecer como en Guerrero en donde el PRD ha tenido el cinismo de ofrecerle una candidatura a diputado a Ángel Aguirre Rivero, quien debió renunciar como gobernador del estado con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La voraz ambición de Anaya y su capacidad contorsionista lo hacen un candidato competitivo. Esta coalición tiene la potencialidad de proporcionar el factor de cambio que pueden necesitar los sectores burgueses dominantes que se vean obligados a optar por una alternativa más creíble que la representada por Meade con el desgastadísimo PRI.

El tercer bloque es el de López Obrador (AMLO) compuesto por su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) cuya denominación es “Juntos Haremos Historia”.

Es éste el bloque político cuyo protagonismo será clave en las jornadas de este año.

Las antinomias de AMLO

AMLO será en 2018 por tercera ocasión candidato presidencial. Como en 2006 y en 2012, de nuevo es el candidato que encabeza todas las encuestas como el preferido por parte de amplias capas populares. Tanto en la primera como en su segunda participación como candidato presidencial del PRD fue el hombre a vencer por parte de los dos partidos más directamente representantes de los grandes sectores capitalistas el PRI y el PAN. En ambas ocasiones perdió, en especial en 2006, por escasísimos márgenes de votación. La sombra del fraude se elevó sobre las dos victorias, la panista en 2006 y la priista 2012.

A partir de su ruptura con el PRD y ahora postulado por el novísimo Morena el partido hecho a su imagen y semejanza fundado en 2013, su objetivo fundamental es el de presentarse ante los grupos poseedores dominantes como una alternativa creíble y necesaria ante la evidente decadencia priista. Sus credenciales al respecto son intachables. Tanto en 2006 como en 2012, el enorme caudal de apoyo electoral que recibió con sus posturas críticas a la política dominante no se reflejó, ni de lejos, en movilizaciones y en la organización de una verdadera oposición radical: “no se rompió un solo vidrio” se jactó él. Desde el 2000, electo como jefe de gobierno del Distrito Federal, surgió como un personaje de gran influencia política y definió su oposición como estrictamente electoral. Desde entonces no ha dañado ni impedido la puesta en práctica de la aplanadora neoliberal. Repetimos, limitándose a los tiempos electorales, AMLO promovió tímidamente la organización de movilizaciones contra las leyes privatizadoras de los recursos energéticos, no apoyó efectivamente la lucha de los maestros contra la reforma educativa. Su rompimiento con el PRD se hizo de manera respetuosa sin que mediara una fuerte crítica ya que había sido en 2012 su candidato presidencial y a pesar de que inmediatamente después la cúpula perredista se desbordó con todas sus fuerzas hacia el apoyo del Pacto por México propuesto por Peña Nieto en el inicio de su gobierno. Con motivo de la LSI fue conspicua la ausencia de sus críticas incisivas a las Fuerzas Armadas. Como sucede con sus denuncias a la corrupción, éstas se refieren ante todo a los políticos pero en sus discursos la crítica a la fuente fundamental de corrupción que son las grandes corporaciones capitalistas (como Odebrecht que salpicó la campaña de Peña Nieto en 2012) sólo aparece de pasada y sin énfasis.

AMLO como tribuno se atreve a enfocar problemas espinosos. En esto se adelanta a los otros candidatos. Por ejemplo en el caso de la guerra contra el narcotráfico, una cuestión candente, ha hecho declaraciones muy polémicas. Como ésta: “De ganar la presidencia en la mitad de mi gobierno acabaré la guerra contra el narco” o esta otra: “estoy dispuesto a amnistiar a narcos encarcelados”. Ciertamente el tema es de una importancia colosal teniendo en cuenta el poderío que han adquirido las bandas de narcotraficantes, muchas de ellas filtradas ya directamente en los partidos y en los tres niveles de gobierno. Pero aquí el problema es la falta de claridad o de plano la total ausencia de ideas y estrategias a seguir de modo concreto para lograr esos resultados. El fracaso de la guerra contra el narcotráfico es reconocido por el propio gobierno de Washington, en especial por los especialistas del Pentágono. Igualmente se reconoce que ha sido México el país que ha pagado más caro los costos de esta guerra. Pero AMLO, a pesar del mérito de aceptar entrarle al tema que los otros eluden y reconocer que la estrategia panista y priista ha fracasado, él también adolece de una estrategia concreta para erradicar esta terrible fuente de corrupción y violencia: no dice nada de la legalización o no de las drogas, se refiere al éxito durante su gobierno en la ciudad de México pero es obvio que el problema a nivel nacional es mucho mayor que al nivel local. No basta con decir que con el crecimiento económico, con la generación de empleos y con políticas de desarrollo social se superará la plaga del narcotráfico. Se necesita aterrizar en las cuestiones concretas vinculadas a políticas que ataquen a poderosos grupos que lucran con capitales gigantescos y se incrustan en los círculos financieros en el lavado de su dinero. Se necesita una política radical que vaya a la fuente primordial de la llaga abierta de la descomposición social: la experiencia misma en el seno de la sociedad violenta, deshumanizada y mercantilizada del capitalismo.

Las elecciones del año pasado en el estado de México, el más populoso del país, fueron una prueba muy importante que no augura nada positivo para la estrategia de AMLO de hacer depender toda su política de una victoria en las urnas que lo lleve a ocupar la silla presidencial. En dichas elecciones mexiquenses el PRI, a pesar de que perdió más de un millón de votos en comparación con las elecciones estatales anteriores, se alzó con la victoria de su candidato a gobernador. AMLO y Morena protestaron y denunciaron un fraude pero se abstuvieron de iniciar la movilización de una verdadera campaña masiva contra él. Y el argumento fue el mismo “en julio de 2018 será diferente”.

Pero las acciones políticas dicen otra cosa que los discursos incendiarios que AMLO pronuncia en los mítines de sus constantes recorridos (lleva casi veinte años haciéndolos) que hace por todo el país. En la presentación del gabinete presidencial que propondrá en caso de su victoria, AMLO ha incluido a prominentes políticos que son antiguos miembros del PRI y se ha rodeado con asesores igualmente prominentes que fueron también colaboradores de los gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y ya en el colmo del electoralismo más crudo al final del año AMLO sorprendió e irritó a muchos de sus propios partidarios y potenciales votantes con el pacto de alianza electoral que realizó con el PES, un partido caracterizado por sus posiciones de extrema derecha cuya cúpula no esconde sus posiciones religiosas evangélicas reaccionarias. Pero según AMLO, contradiciéndose con declaraciones suyas anteriores, no “hay diferencias importantes entre el PES y Morena”

¿Cómo compaginar ese actuar político con muchas declaraciones que lo contradicen por completo? Por ejemplo el 31 de diciembre en su gira por Yucatán AMLO declaró: “La alternativa de partidos no es la solución. Está un partido en el gobierno, entra otro, pero sigue el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso hablamos de un cambio verdadero de régimen, ya la alternancia no sirve, hace falta que cambie el régimen político”. Sí, así es, pero como se puede preparar ese “cambio de régimen político” sin las movilizaciones de las masas y dependiendo del todo de una votación que se hará bajo las condiciones de un aparato electoral, el INE, que el propio AMLO reconoce como promotor de fraudes y de falsificación de resultados enteramente bajo el control de Peña Nieto y el PRI. Con AMLO se trata en realidad de la postura característica del caudillaje político tradicional que tiene profundas raíces en el país. La cuestión se reduce pues a plantear si dicha postura podrá prosperar en el México del siglo XXI de la misma forma en que funcionó en el siglo XIX e incluso en buena parte del XX.

Por supuesto, AMLO es el blanco de los ataques más desaforados de las cúpulas priistas y panistas, aunque el panista Anaya ha matizado recientemente declarando que está de acuerdo en el diagnóstico de AMLO aunque discrepa de sus propuestas. En 2006 y en menor medida en 2012 la campaña mediática contra AMLO presentándolo como “un enemigo de México”, como “otro Chávez” tuvo en verdadero impacto en grupos amplios de la población. Actualmente ya no será tan efectiva. El hartazgo popular con la dominación priista y panista le dan a AMLO enormes caudales de apoyo e incluso en sectores burgueses medios y hasta ciertos personajes de los círculos más altos reconocen la posibilidad de su triunfo el 1° de julio próximo.

Los independientes y los márgenes

La novedad de las elecciones de julio de 2018 será la existencia de candidatos independientes sin partido. Se han inscrito una docena de precandidatos presidenciales independientes pero las condiciones para que aparezcan en las boletas el 1° de julio son draconianas. Se les exige más de 800 mil firmas distribuidas en 17 estados, una operación que hasta el momento sólo están en posibilidad de conseguir dos de las precandidaturas inscritas. Ellas son la de Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León, sede del poderoso grupo financiero de Monterrey y la de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Para diciembre estos dos precandidatos eran quienes más habían avanzado en la recolección de firmas: Rodríguez había superado la barrera de los más de 800 mil y Zavala se acercaba con la mitad de las firmas exigidas.

También como aspirante a candidata independiente se inscribió María de Jesús Patricio, más conocida como Marichuy. Fue elegida por el Congreso Nacional Indígena con el apoyo del EZLN, como su vocera y candidata presidencial en 2018. Se trata de una candidatura testimonial que tiene el mérito de expresar la voz política de los sectores más explotados y marginados de México que siguen siendo los indígenas. Es la única expresión independiente con una relativa audiencia de masas que se oirá en esta orgía de demagogia que serán las campañas electorales por completo monopolizadas por alternativas burguesas, ante la ausencia de organizaciones políticas de masas, sindicales o de otro tipo que expresen políticamente los intereses de los trabajadores. La población indígena representa poco más del 10 por ciento de la población y con el surgimiento y permanencia del EZLN y el Consejo Nacional Indígena ha logrado conquistar un espacio político independiente. El reto que tienen sus apoyos es muy grande. Para empezar está la difícil tarea de conseguir las firmas para que Marichuy aparezca en las boletas, lo cual todavía podría lograrse ampliando su audiencia retomando y dándole voz a las demandas e intereses de numerosos sectores en los grandes centros urbanos que simpatizan y se solidarizan con la lucha indígena.

Varios de los grupos pertenecientes a la izquierda socialista y revolucionaria han adoptado como postura ante las elecciones de julio dar su apoyo a Marichuy. A diferencia de otras jornadas electorales, en esta ocasión no estará presente ninguna alternativa independiente que represente una candidatura abierta y declaradamente socialista. No obstante ello las condiciones para el reagrupamiento de sectores socialistas serán más propicias en las situaciones favorables que se presentarán en los próximos meses. De hecho ese fue el objetivo de varias reuniones del Foro Socialista surgido a fines de 2016.

Los trabajadores, las masas de proletarios explotados y oprimidos de millones de mexicanos siguen siendo un conglomerado social sin voz ni personalidad propias, sin consciencia de clase. Esta ausencia ha sido una de las peculiaridades del desarrollo del movimiento de los trabajadores desde la Revolución mexicana de hace más de cien años. También aquí las condiciones para la superación de este rezago histórico las está abonando el gran descontento producido por el deterioro constante del bienestar social y que se profundiza en todo el país. Ese el campo de cultivo en donde crecen y florecen amplias demostraciones de protestas e incluso rebeliones. Motivos no faltan. Así como 2017 comenzó con amplias protestas contra ungasolinazo, el presente inicio de año ya es saludado con protestas contra varios atracos a la economía popular: un nuevo gasolinazo, un tortillazo (alza del precio de las tortillas) y una devaluación del peso (se ha llegado al tipo de cambio de 20 pesos por dólar) que encarece bruscamente la vida, en especial en los estados fronterizos del norte.

La profunda incertidumbre

El oxímoron político que se está desarrollando ha surgido para mantener la estabilidad del régimen pero no garantiza resultados seguros. Pero esa contradicción es la razón misma de su existencia. La raíz profunda de esta situación paradójica es la debilidad de las tradiciones democrático-burguesas en el país consecuencia directa de la larga dictadura del régimen de partido único de facto que fue el imperio del PRI y sus antecesores en el siglo pasado. La burguesía, sus grupos dominantes, son el producto de esa larga dictadura de facto. Los ensayos de “transición democrática” para crear un sistema parlamentario que en el 2000 se intentaron como la solución a la decadencia priista no carecieron de recursos de todo tipo proporcionados por políticos, periodistas, ideólogos, etc. que tuvieron a su disposición toda clase de medios de comunicación para hacer llegar su mensaje. Incluso fueron aconsejados y apoyados por la Casa Blanca en esa época ocupada por Clinton. Pero el primer gobierno panista, el de Fox, convirtió en una caricatura la tan cacareada “transición democrática” y el siguiente gobierno panista de Calderón preparó la restauración priista que representa Peña Nieto.

Así en 2018 los diversos escenarios que anuncia la ruda competencia electoral de los tres bloques burgueses podría conducir a un desbordamiento e incluso el estallido del ya muy debilitado y desprestigiado INE. Si los dinosaurios priistas intentaran mantener entronizado mediante una reelección fraudulenta a su partido, el peligro de tal desbordamiento y estallido es muy posible. También sería arriesgado el recurso de último momento, como ya sucedió en 2006, de resucitar al PRIAN para apoyar al candidato mejor colocado, situación que se puede dar si en el proceso electoral quedan como los dos punteros Anaya y AMLO. Finalmente la posibilidad de que los grupos dominantes acepten la creíble victoria de AMLO conseguida con una aplastante votación tendría consecuencias alarmantes para los sectores más ultras de la oligarquía. Como se aprecia el país se adentra en una coyuntura en la cual reina una gran incertidumbre. La situación explica también la militarización como resultado natural del fracaso de la “transición democrática” que ha quedado hecha añicos.

La dimensión internacional

México se encuentra en el centro de un espacio geopolítico en el cual se cruzan tendencias muy disímbolas y cada vez más conflictivas y determinantes. En primer lugar es el país fronterizo sureño directo de la potencia hegemónica del planeta. Los más de tres mil kilómetros que lo unen a EUA son la marca geopolítica central que ha determinado en gran parte su historia. La llegada de Donald Trump a Washington, quien en su campaña electoral declaró que México era uno de “los enemigos de EUA”, ha tenido importantes consecuencias. Peña y el grupo gobernante fueron de sorpresa en sorpresa ante las erráticas e imprevisibles declaraciones y acciones del energúmeno de la Casa Blanca. Sus reacciones fueron irrisorias y mostraron que tanto servilismo hacia los amos imperialistas les habían desprovisto por completo de la mínima capacidad para enfrentar el reto que Trump representa. La decisión de Trump de acabar la construcción de un muro, iniciado por los presidentes anteriores, en toda la frontera para contener el flujo migratorio, fue el asunto más obviamente publicitado. Pero no era lo más importante. Por supuesto tendrá, ya está teniendo, muchas consecuencias pero para el gobierno mexicano y para la población en general más importantes que la construcción del muro fronterizo fueron las decisiones de Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de los tres países de América del norte y la cuestión de los inmigrantes.

Los más de veinte años que lleva el TLCAN han estrechado, de hecho prácticamente soldado, a las dos economías. Las rondas de discusión interminables realizadas han mostrado que Trump ha debido entender que simplemente vociferar sobre un tema no equivale a solucionarlo. Para la economía de México es fundamental su relación con EUA, pero este país tampoco puede cortar tajante y unilateralmente sus vínculos con la economía mexicana. El impacto ha sido tan fuerte que los capitalistas y el gobierno mexicanos se han percatado de la necesidad de buscar soluciones que superen la dependencia exacerbada de la economía con EUA.

Uno de los efectos más importantes de estas rondas de negociación es la presión de los sindicatos estadounidenses que obligaron a los funcionarios de su gobierno a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de subir los salarios de los trabajadores mexicanos para colmar la enorme brecha que actualmente existe entre los niveles salariales de los dos países (tres si incluimos a Canadá). Obviamente el gobierno mexicano pondrá todos los obstáculos necesarios para evitar que estas exigencias se realicen pero son señales muy evidentes de que el TLCAN está forjando una percepción entre las clases trabajadoras de los tres países de la identidad de sus intereses.

La debilidad del gobierno mexicano ante Trump se puso de manifiesto con motivo de las reuniones internacionales en las que Luis Videgaray, el personaje más influyente del gobierno de Peña, impuso un retroceso completo a la diplomacia mexicana operando como cómplice descarado de la política de Washington contra el gobierno de Venezuela y absteniéndose en la votación de la ONU en relación a la decisión de Trump de trasladar a la embajada de EUA a Jerusalem para convertirla en la capital de Israel.

Por el sur, México es vecino directo de una de las regiones más conflictivas del planeta, el llamado “triángulo de la violencia” integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. La frontera sur ha sido en las dos últimas décadas la puerta para las decenas de miles de inmigrantes de Centro y Suramérica, del Caribe e incluso de África que atraviesan con grandes penalidades todo México para llegar a la frontera norte en busca de los dólares que no consiguen en sus países. El mal trato a los inmigrantes indocumentados por parte de las autoridades mexicanas ha sido proverbial y objeto de críticas y censuras nacional e internacionalmente. Han sido víctimas de asesinatos, incluso masacres de grupos, violaciones, secuestros y toda clase de vejaciones tanto por parte de los aparatos represivos oficiales como de las bandas de delincuentes que abusan de su situación vulnerable.

Para el control de este flujo de humanidad sufriente los cuerpos represivos se han coordinado internacionalmente, actuando como organizador principal el Pentágono. La estrategia continental del Pentágono a través de su Comando Sur coloca al ejército mexicano en esta región junto con los ejércitos de los tres países centroamericanos dentro de una “estrategia de seguridad” de toda la región como se atestigua en el Plan Puebla-Panamá y integrado por delegaciones de carácter económico pero también militar de todos los países centroamericanos, de Colombia y los estados del sureste mexicano.

Las condiciones sociales tan precarias de gran parte de las poblaciones de estos países son especialmente lamentables en el mencionado “triángulo de la violencia”. Honduras es el país en donde las luchas políticas se han exacerbado en los últimos tiempos. A fines del año 2017 estos conflictos llegaron al borde de una guerra civil, con motivo del fraude cometido en las elecciones presidenciales de mediados de año por el gobierno de Juan Orlando Hernández, el característico presidente bananero al servicio de los intereses imperialistas, que se reeligió violando descaradamente la Constitución vigente. Ya anteriormente otro golpe de estado “blando” había derrocado al presidente Manuel Zelaya en 2009 con el aval del Departamento de Estado. Ahora se repitió el escenario en el que la embajada de EUA en Tegucigalpa validó la reelección de Hernández como el verdadero poder vigente que reina en el país sureño.

Como se aprecia, los factores muy parecidos a los presentes en México también se encuentran en otros países, expresándose de acuerdo a sus circunstancias específicas. Este es el escenario geopolítico en que los acontecimientos de 2018 se insertan desde hoy, un escenario de situaciones imprevisibles, llenas de peligrosos riesgos pero también de oportunidades grandiosas.

A cincuenta años de 1968

En 2018 se celebrará el cincuenta aniversario del movimiento estudiantil-popular de 1968 que marcó a ese año como un hito en el último tercio del siglo XX. No sólo en México se presenció esa manifestación de rebeldía de la juventud. En muchos otros países de Europa, América y Asia se dieron movimientos parecidos, pero sólo aquí el movimiento fue aplastado por una masacre como la de la noche de Tlatelolco. Fue un movimiento que sucedió cuando el imperio del PRI encabezado por uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se encontraba en su cúspide. La audacia y el coraje de esos jóvenes iniciaron un cambio fundamental en el país que a pesar de la mortífera cortina de metralla del 2 de octubre y los enormes obstáculos que enfrentó no pudo ser revertido. El anhelo de democracia que expresaron con sus movilizaciones y la denuncia radical a la dictadura priista no pudieron ser socavados y aunque demasiado lentamente acabaron por abrir canales de expresión democrática y territorios de libertad que cambiaron al país en los años ochenta y noventa. De hecho la “transición democrática” concebida por la cúspide del poder en el año 2000 no se explica sin las luchas y movilizaciones que detonaron a partir de 1968.

Pero la tarea sigue incompleta. Aunque expresados de modo diferente pues no en balde ha transcurrido medio siglo, los desafíos que enfrentamos hoy siguen siendo los mismos. La real y verdadera democratización de México. Y hoy cuando mucho es lo que se ha aprendido desde ese año histórico, el impulso para lograr ese objetivo es ya evidente que corresponderá no a los sectores poseedores y gobernantes actuales sino a los sectores populares. Una democracia forjada por quienes no tienen vínculos con los que medran y mantienen posiciones de poder basado en la explotación y en la subordinación a los intereses oligárquicos e imperialistas.

Entramos a otro capítulo de la historia de México. El de la lucha que garantizará el triunfo de ese profundo anhelo libertario. El cual se logrará con la organización independiente, democrática y revolucionaria que convoque y oriente las luchas de los trabajadores y sus aliados los oprimidos hacia la transformación del país en una república popular e igualitaria fundada en principios anticapitalistas e internacionalistas, en suma socialistas.

* Historiador y profesor de la Universidad Autónoma de México (UACM), militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).

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