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La esperanza sigue viva, somos continente en disputa

La esperanza sigue viva, somos continente en disputa

Manuel Hidalgo

Pastoral Popular 342.  2º semestre 2016. Centro Ecumenico Diego de Medellin.

El siglo XXI amaneció cargado de esperanzas en América Latina. Ya en los primeros dos años, la resistencia a la globalización neoliberal se había extendido y acrecentado casi en todos los rincones de América Latina y el Caribe. Al calor de la cual, empezaron a germinar prácticas y organizaciones de nuevos movimientos sociales y populares en proceso de constitución, que levantaban progresivamente elementos de una salida alternativa a las crisis nacionales y de la región.

Los movimientos sociales y las fuerzas políticas antineoliberales empezaron a aprovechar el contexto de la crisis del capitalismo mundial y de cómo ella repercutía agudizando las contradicciones en el seno de las propias clases dominantes y con amplios sectores medios y populares en cada país, en términos de ir abriendo paso a una nueva correlación de fuerzas en la región, tanto en el plano de la acción directa, como en el plano político electoral.

En los años subsiguientes, en el área andina –Venezuela, Bolivia, Ecuador- se lograrían instalar gobiernos de impronta bolivariana, que emprendieron procesos de refundación de sus estados y de importantes cambios económicos, sociales y culturales en los que movimientos de pueblos indígenas, campesinos y trabajadores rurales, pobres del campo y la ciudad, aparecieron como los mayores protagonistas. En la vertiente atlántica, por otra parte -Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay-, la crisis económica y de los viejos partidos políticos ligados al empeño neoliberal abrieron el espacio para la llegada al gobierno de coaliciones lideradas por líderes y fuerzas nacional populares, que emprendieron procesos de tipo neodesarrollista, con menor protagonismo de movimientos sociales en estos casos.

En los otros países mayores del continente –México, Perú, Colombia y Chile- persistirían gobiernos de manejo económico ortodoxamente neoliberal, con discursos variando entre el populismo conservador y autoritario, hasta el progresismo socioliberal.

Contrariando el manejo del imperialismo estadounidense, las dos primeras corrientes de gobiernos suramericanos convergieron además en alentar estrategias de integración regional propias y al margen del panamericanismo y de la dimensión estrictamente comercial y financiera. De modo que no sólo se fortaleció la dimensión político social del Mercosur, sino que emergieron hacia fines de la primera década de los años 2000, la UNASUR y CELAC. Instancias de integración política y soberana del continente absolutamente inéditas.

Para bien, pero como veremos también para mal, estos procesos de cambio -en toda su diversidad- se vieron alimentados a partir de 2004 –y hasta 2013- por el influjo de una enorme liquidez internacional y por un ciclo extraordinario de altos precios de las materias primas y alimentos. Consecuencia ambos de fenómenos básicamente extracontinentales y derivados directamente de la crisis económico financiera del capitalismo central y de la aparición de China como gran dinamizador del comercio mundial de 2003 en adelante.

Por una parte, eso significó inéditos superávits comerciales y de balanza de pagos para las economías suramericanas, posibilitando no sólo aumentar las reservas internacionales y disminuir sustancialmente la deuda externa sino que financiar cuantiosos programas de gasto público social que permitieron reducir la pobreza desde los 225 millones de personas del año 2002 (43,9%) a 164 millones (28,2%) el año 2012.

El crecimiento económico por habitante pasó de un promedio anual de -0,2% entre 1998 y 2002, a 2,8% anual entre 2003 y 2012, con tendencias a la caída del desempleo y aumento de los salarios reales. Hubo incluso una tendencia a la disminución de la desigualdad: entre 2002 y 2013, el índice de Gini promedio cayó aproximadamente un 10%, de 0,542 a 0,486.

Pero, por otra parte, el crecimiento siguió sustentándose en la exportación de materias primas y alimentos; manteniendo la fragilidad y vulnerabilidad de las economías de la región ante los ciclos de precios  de estos productos en los mercados mundiales. Y lo que es peor, no se aprovechó los cuantiosos ingresos de los años de bonanza para crear fondos soberanos con los que financiar la ulterior transformación productiva hacia economías más integradas regionalmente y con mayores componentes y encadenamientos de valor agregado. Esto más allá de que en algunos de estos países, en estos años se recuperó un mayor control de los recursos naturales estratégicos por parte del estado.

Persistió así, un segundo rasgo de debilidad estructural: la muy limitada capacidad para desarrollar un proceso sostenido de acumulación de capital de base nacional. Por lo que en ausencia de flujos de capital externos, el proceso de inversión en la inmensa mayoría de nuestros países palidece. Los gobiernos de la región rehusaron, por otra parte, aplicar reformas tributarias progresivas que permitieran fortalecer las fuentes de financiamiento para la inversión estatal necesaria para encarar un cambio estructural de la economía.

Ambas falencias saltaron a la vista luego de 2013, cuando la contraofensiva del imperialismo estadounidense contempló reducir drásticamente la liquidez internacional, provocando además una sustancial caída de los precios de las materias primas. El crecimiento promedio de América Latina en 2014 fue de tan sólo un 0,9% en 2014 y el de 2015, una caída de -0,5%. Es cierto que al cuadro externo desfavorable se sumó la desaceleración del crecimiento de China; con la consiguiente menor presión de demanda por las materias primas. Pero sin duda, el mayor impacto negativo provino del creado por las medidas adoptadas por EEUU. Y la continuidad de la recesión en Europa y el Japón. El crédito internacional hacia América Latina se restringió, se hizo más costoso y el flujo de capitales tanto especulativos como de inversión extranjera directa decayó. Tendencias que se agudizaron año tras año hasta ahora.

En este nuevo contexto, el imperialismo estadounidense alentó -desde las plataformas mediáticas que controla- una operación política compleja para poner en crisis los procesos de integración política y soberana que avanzaron en la década precedente y desplazar de los gobiernos de los mayores países de la región a las fuerzas que le daban sustento. A estas alturas de 2016, esa operación ha logrado en algún grado sus propósitos y más de algún analista ha concluido por ello que el ciclo político precedente ha concluido y estamos ya en presencia de uno nuevo, con una restauración de las fuerzas conservadoras y neoliberales y con una renovada alineación política del continente con el gobierno de EEUU y sus planes.

Se pierde de vista con ello que la realidad y los procesos históricos son más complejos que lo que ocurre en los planos político formales y electorales. Lo cierto es que los reveses que en ese terreno se han producido están en directa relación también con las falencias y debilidades que arrastraban y arrastran los movimientos populares y los procesos de cambio en Nuestra América, en mayor o menor medida en cada uno de nuestros países.

Pero también es cierto que en medio de la crisis estructural del capitalismo mundial, que amenaza con episodios aún más traumáticos de colapso financiero internacional, guerras y crisis humanitarias, en los años venideros, las clases dominantes de nuestra región carecen de toda capacidad para estabilizar social y políticamente su hegemonía. No tienen más política que acrecentar el saqueo de los bienes comunes, depredar empresas estatales y acrecentar la superexplotación de los trabajadores y trabajadoras.

¿Y hacia adelante?

Por esto, lo que nos espera son años de mayores convulsiones sociales y políticas. Nuestros pueblos no van a aguantar corridas hacia atrás en sus derechos. La gente va a salir a protestar y crecerá la ingobernabilidad y la conflictividad social. Sin embargo, no basta que la gente pelee. No basta que se sienta mal y que salga a las calles. Es fundamental que en esos procesos que van ahora y que van a venir en los próximos años, hagamos nuestro trabajo educativo, para conformar y fortalecer los movimientos populares en cada país.

Tenemos que saltar de una conciencia clientelar, asistencialista, a otro tipo de conciencia. La conciencia más bien de otro tipo de cambio, que tenga por eje no solamente mayor justicia social, sino mayor protagonismo para crear otro tipo de relación económico social. Otro tipo de economías e instituciones económicas también, no sólo recuperando el control y liderazgo del estado en los sectores estratégicos de la economía y en la prestación de los servicios y bienes públicos esenciales –educación, salud, vivienda, seguridad social-, sino que basadas más en la solidaridad, la autogestión, el cooperativismo, la cooperación, la complementariedad y la integración regional más que nacional o local. Pensar el desarrollo económico, pero también científico y tecnológico, a escala latinoamericana porque sin ello no hay horizonte posible de soberanía económica ni política, en los tiempos actuales.

Hay que repolitizar a los trabajadores y trabajadoras, para poner a nuevos movimientos sindicales de columna vertebral de los movimientos populares. Articular y unir al conjunto de los pueblos y movimientos sociales tras nuevos y más ambiciosos proyectos de transformación regional y nacional. Desprendernos de alianzas con sectores del gran empresariado y emprender la construcción de nuevas y firmes instituciones estatales y sociales, que pongan una lápida definitiva a la corrupción secular y sean paradigma de una nueva ética política y social, digna de nuestros ancestros que proclamaban: “Ama sua, ama quella y ama llulla”: No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso.

Tras estos proyectos debemos recomponer nuestras alianzas políticas y sociales, para construir el protagonismo de los pueblos, el poder popular y las herramientas para disputar la hegemonía en todos los espacios, incluidos los institucionales y electorales. Sólo así, el movimiento popular se puede alzar como alternativa de sujeto histórico que dispute la iniciativa a las clases dominantes en medio de su crisis. Sólo así, los espacios que conquistemos en la institucionalidad del estado podrán ser herramienta del protagonismo popular en la transformación social y del propio estado.

En definitiva, debemos fortalecer movimientos populares con elevada conciencia latinoamericana y caribeña. Y es una conciencia continental porque sabemos que cualquier avance parcial que logremos en cada uno de nuestros países sólo se sostendrá en el mediano y largo plazo, si somos un bloque capaz de articularse como una potencia más con los BRICS en la conquista de un escenario geopolítico mundial multipolar, a contramano de los designios unipolares del imperialismo estadounidense.

El siglo XXI amaneció cargado de esperanzas en América Latina. Ya en los primeros dos años, la resistencia a la globalización neoliberal se había extendido y acrecentado casi en todos los rincones de América Latina y el Caribe. Al calor de la cual, empezaron a germinar prácticas y organizaciones de nuevos movimientos sociales y populares en proceso de constitución, que levantaban progresivamente elementos de una salida alternativa a las crisis nacionales y de la región.

Los movimientos sociales y las fuerzas políticas antineoliberales empezaron a aprovechar el contexto de la crisis del capitalismo mundial y de cómo ella repercutía agudizando las contradicciones en el seno de las propias clases dominantes y con amplios sectores medios y populares en cada país, en términos de ir abriendo paso a una nueva correlación de fuerzas en la región, tanto en el plano de la acción directa, como en el plano político electoral.

En los años subsiguientes, en el área andina –Venezuela, Bolivia, Ecuador- se lograrían instalar gobiernos de impronta bolivariana, que emprendieron procesos de refundación de sus estados y de importantes cambios económicos, sociales y culturales en los que movimientos de pueblos indígenas, campesinos y trabajadores rurales, pobres del campo y la ciudad, aparecieron como los mayores protagonistas. En la vertiente atlántica, por otra parte -Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay-, la crisis económica y de los viejos partidos políticos ligados al empeño neoliberal abrieron el espacio para la llegada al gobierno de coaliciones lideradas por líderes y fuerzas nacional populares, que emprendieron procesos de tipo neodesarrollista, con menor protagonismo de movimientos sociales en estos casos.

En los otros países mayores del continente –México, Perú, Colombia y Chile- persistirían gobiernos de manejo económico ortodoxamente neoliberal, con discursos variando entre el populismo conservador y autoritario, hasta el progresismo socioliberal.

Contrariando el manejo del imperialismo estadounidense, las dos primeras corrientes de gobiernos suramericanos convergieron además en alentar estrategias de integración regional propias y al margen del panamericanismo y de la dimensión estrictamente comercial y financiera. De modo que no sólo se fortaleció la dimensión político social del Mercosur, sino que emergieron hacia fines de la primera década de los años 2000, la UNASUR y CELAC. Instancias de integración política y soberana del continente absolutamente inéditas.

Para bien, pero como veremos también para mal, estos procesos de cambio -en toda su diversidad- se vieron alimentados a partir de 2004 –y hasta 2013- por el influjo de una enorme liquidez internacional y por un ciclo extraordinario de altos precios de las materias primas y alimentos. Consecuencia ambos de fenómenos básicamente extracontinentales y derivados directamente de la crisis económico financiera del capitalismo central y de la aparición de China como gran dinamizador del comercio mundial de 2003 en adelante.

Por una parte, eso significó inéditos superávits comerciales y de balanza de pagos para las economías suramericanas, posibilitando no sólo aumentar las reservas internacionales y disminuir sustancialmente la deuda externa sino que financiar cuantiosos programas de gasto público social que permitieron reducir la pobreza desde los 225 millones de personas del año 2002 (43,9%) a 164 millones (28,2%) el año 2012.

El crecimiento económico por habitante pasó de un promedio anual de -0,2% entre 1998 y 2002, a 2,8% anual entre 2003 y 2012, con tendencias a la caída del desempleo y aumento de los salarios reales. Hubo incluso una tendencia a la disminución de la desigualdad: entre 2002 y 2013, el índice de Gini promedio cayó aproximadamente un 10%, de 0,542 a 0,486.

Pero, por otra parte, el crecimiento siguió sustentándose en la exportación de materias primas y alimentos; manteniendo la fragilidad y vulnerabilidad de las economías de la región ante los ciclos de precios  de estos productos en los mercados mundiales. Y lo que es peor, no se aprovechó los cuantiosos ingresos de los años de bonanza para crear fondos soberanos con los que financiar la ulterior transformación productiva hacia economías más integradas regionalmente y con mayores componentes y encadenamientos de valor agregado. Esto más allá de que en algunos de estos países, en estos años se recuperó un mayor control de los recursos naturales estratégicos por parte del estado.

Persistió así, un segundo rasgo de debilidad estructural: la muy limitada capacidad para desarrollar un proceso sostenido de acumulación de capital de base nacional. Por lo que en ausencia de flujos de capital externos, el proceso de inversión en la inmensa mayoría de nuestros países palidece. Los gobiernos de la región rehusaron, por otra parte, aplicar reformas tributarias progresivas que permitieran fortalecer las fuentes de financiamiento para la inversión estatal necesaria para encarar un cambio estructural de la economía.

Ambas falencias saltaron a la vista luego de 2013, cuando la contraofensiva del imperialismo estadounidense contempló reducir drásticamente la liquidez internacional, provocando además una sustancial caída de los precios de las materias primas. El crecimiento promedio de América Latina en 2014 fue de tan sólo un 0,9% en 2014 y el de 2015, una caída de -0,5%. Es cierto que al cuadro externo desfavorable se sumó la desaceleración del crecimiento de China; con la consiguiente menor presión de demanda por las materias primas. Pero sin duda, el mayor impacto negativo provino del creado por las medidas adoptadas por EEUU. Y la continuidad de la recesión en Europa y el Japón. El crédito internacional hacia América Latina se restringió, se hizo más costoso y el flujo de capitales tanto especulativos como de inversión extranjera directa decayó. Tendencias que se agudizaron año tras año hasta ahora.

En este nuevo contexto, el imperialismo estadounidense alentó -desde las plataformas mediáticas que controla- una operación política compleja para poner en crisis los procesos de integración política y soberana que avanzaron en la década precedente y desplazar de los gobiernos de los mayores países de la región a las fuerzas que le daban sustento. A estas alturas de 2016, esa operación ha logrado en algún grado sus propósitos y más de algún analista ha concluido por ello que el ciclo político precedente ha concluido y estamos ya en presencia de uno nuevo, con una restauración de las fuerzas conservadoras y neoliberales y con una renovada alineación política del continente con el gobierno de EEUU y sus planes.

Se pierde de vista con ello que la realidad y los procesos históricos son más complejos que lo que ocurre en los planos político formales y electorales. Lo cierto es que los reveses que en ese terreno se han producido están en directa relación también con las falencias y debilidades que arrastraban y arrastran los movimientos populares y los procesos de cambio en Nuestra América, en mayor o menor medida en cada uno de nuestros países.

Pero también es cierto que en medio de la crisis estructural del capitalismo mundial, que amenaza con episodios aún más traumáticos de colapso financiero internacional, guerras y crisis humanitarias, en los años venideros, las clases dominantes de nuestra región carecen de toda capacidad para estabilizar social y políticamente su hegemonía. No tienen más política que acrecentar el saqueo de los bienes comunes, depredar empresas estatales y acrecentar la superexplotación de los trabajadores y trabajadoras.

¿Y hacia adelante?

Por esto, lo que nos espera son años de mayores convulsiones sociales y políticas. Nuestros pueblos no van a aguantar corridas hacia atrás en sus derechos. La gente va a salir a protestar y crecerá la ingobernabilidad y la conflictividad social. Sin embargo, no basta que la gente pelee. No basta que se sienta mal y que salga a las calles. Es fundamental que en esos procesos que van ahora y que van a venir en los próximos años, hagamos nuestro trabajo educativo, para conformar y fortalecer los movimientos populares en cada país.

Tenemos que saltar de una conciencia clientelar, asistencialista, a otro tipo de conciencia. La conciencia más bien de otro tipo de cambio, que tenga por eje no solamente mayor justicia social, sino mayor protagonismo para crear otro tipo de relación económico social. Otro tipo de economías e instituciones económicas también, no sólo recuperando el control y liderazgo del estado en los sectores estratégicos de la economía y en la prestación de los servicios y bienes públicos esenciales –educación, salud, vivienda, seguridad social-, sino que basadas más en la solidaridad, la autogestión, el cooperativismo, la cooperación, la complementariedad y la integración regional más que nacional o local. Pensar el desarrollo económico, pero también científico y tecnológico, a escala latinoamericana porque sin ello no hay horizonte posible de soberanía económica ni política, en los tiempos actuales.

Hay que repolitizar a los trabajadores y trabajadoras, para poner a nuevos movimientos sindicales de columna vertebral de los movimientos populares. Articular y unir al conjunto de los pueblos y movimientos sociales tras nuevos y más ambiciosos proyectos de transformación regional y nacional. Desprendernos de alianzas con sectores del gran empresariado y emprender la construcción de nuevas y firmes instituciones estatales y sociales, que pongan una lápida definitiva a la corrupción secular y sean paradigma de una nueva ética política y social, digna de nuestros ancestros que proclamaban: “Ama sua, ama quella y ama llulla”: No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso.

Tras estos proyectos debemos recomponer nuestras alianzas políticas y sociales, para construir el protagonismo de los pueblos, el poder popular y las herramientas para disputar la hegemonía en todos los espacios, incluidos los institucionales y electorales. Sólo así, el movimiento popular se puede alzar como alternativa de sujeto histórico que dispute la iniciativa a las clases dominantes en medio de su crisis. Sólo así, los espacios que conquistemos en la institucionalidad del estado podrán ser herramienta del protagonismo popular en la transformación social y del propio estado.

En definitiva, debemos fortalecer movimientos populares con elevada conciencia latinoamericana y caribeña. Y es una conciencia continental porque sabemos que cualquier avance parcial que logremos en cada uno de nuestros países sólo se sostendrá en el mediano y largo plazo, si somos un bloque capaz de articularse como una potencia más con los BRICS en la conquista de un escenario geopolítico mundial multipolar, a contramano de los designios unipolares del imperialismo estadounidense.

 

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