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El Estado de contrainseguridad con coro electoral en América Latina

El Estado de contrainseguridad con coro electoral en América Latina

Por Jaime Osorio

Profesor/investigador

Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco

 

Introducción

En el análisis del Estado en el capitalismo dependiente se comenten los mismos errores que se hacen presentes cuando se analizan las economías de la región. Se sostiene que el Estado es inmaduro; que sufre falta de desarrollo, porque sus instituciones se presentan débiles o con poca estabilidad; existiría un Estado de derecho frágil o simplemente asistimos a una ausencia de leyes.

En posiciones más extremas se asume que no existe Estado, sea por la inmadurez de lo estatal; o porque no habría nación, y por ende no existiría un Estado-nación, sino una dispersión de naciones sin integración; o porque la comunidad política no se ha constituido, o porque conformada ha sido destruida por la voracidad del capital.

En unos casos se hace presente una incomprensión de la originalidad del capitalismo dependiente, sin diferenciar los espacios nacionales de dominio y poder presentes en el sistema mundial capitalista. En otros, y añadido a lo anterior, prevalece una concepción del Estado que privilegia el sentido de comunidad por sobre las relaciones de poder y de dominio de clases. En cualquier caso los análisis se llevan a cabo teniendo como pauta las formas, modalidades y procesos que presentan los Estados del capitalismo desarrollado.

Aquí argumentaremos desde una perspectiva diferente. En el capitalismo dependiente existe Estado, y sus formas y operaciones son maduras y son las posibles en esta forma de capitalismo. El elemento fundamental que otorga sentido al Estado lo constituyen las relaciones de poder y dominio de clases sociales, sus conflictos y luchas, así como el sentido de comunidad posible de generar en esas condiciones.

Nos interesa en este escrito precisar el tipo de crisis político-estatal que se vive actualmente en América Latina. Para ello nos detendremos en ciertas determinaciones del Estado dependiente. Desde esa base consideraremos los cambios en la correlaciones de fuerza entre capital y trabajo a nivel del sistema mundial y regional, que permitieron al capital una feroz ofensiva sobre el mundo del trabajo, y que tomó la forma de dictaduras militares y de Estados de contrainsurgencia en esta región en los años sesenta a ochentas. La rápida reanimación de los movimientos populares – y abierto el periodo calificado como de transición a la democracia-, permitió la emergencia de gobiernos populares y de gobiernos progresistas. Analizamos las razones de su debilitamiento, así como del agotamiento de la forma de gobierno abierto con aquella transición, y que ha llevado a la conformación de una nueva forma de gobierno: el Estado de contrainseguridad con coro electoral, señalando características y objetivos. Por último realizaremos algunos señalamientos sobre el triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales en México en julio pasado y las razones que explican un proyecto a contrapelo de las tendencias predominantes en la región,.

1.- Determinaciones del Estado

1.1.-El Estado como condensación de relaciones sociales de dominio y poder de clases.

El capital es una relación social que articula de manera simultánea relaciones sociales de explotación y relaciones sociales de dominio y poder. Así como no es posible comprender la explotación sin considerar las relaciones políticas de dominación y poder, -que permiten la emergencia de agrupamientos sociales despojados de medios de producción y de medios de vida, por medio de la violencia, la coerción y el dominio de clases-, de la misma forma no es posible explicar las relaciones de dominio y poder condensadas en el Estado ajenas a las relaciones sociales de explotación, procesos que el capital, ya hemos señalado, busca velar.

Las relaciones sociales de explotación y dominio entre capital y trabajo conforman clases sociales, con intereses en conflicto, lo que determina la vida en común y sus diversas dimensiones en el capitalismo. No es por casualidad, en este sentido, que el último capítulo de El capital, inconcluso por cierto, sea justamente “Las clases”. (Marx. 1973, t. III, 817), tema con el que buscaba culminar los primeros libros señalados en sus planes de trabajo de 1857, y que era, al mismo tiempo, el puente para lo que seguía, el libro referido justamente al Estado. (Marx: 1971, t. I, 29-30, 203-204).

Sobre esta estructuración de las relaciones, el Estado capitalista puede “retirarse” de la escena inmediata de la explotación, pudiendo presentarse como una entidad por encima de la sociedad. No es necesario que la policía despierte y encamine a los trabajadores a sus centros de trabajo. Estos lo harán por decisión personal, marcada por el despojo de medios de producción y de vida. Como tampoco es necesario que la policía vigile la producción y la apropiación de plusvalor, oculta en el pago del salario, que aparece como el pago de todo el trabajo. De estas formas el Estado puede aparecer ajeno a la explotación, lo que mistificará a su vez el poder y la dominación de clases sobre clases[1].

No hay espacio teórico ni histórico para posicionar al Estado en una dimensión exterior a las clases sociales y sus enfrentamientos, que no sean las mistificaciones que en el capitalismo aquel asume, lo que hay que explicar, pero dicha explicación no puede partir eliminando o dejando en lugares secundarios lo fundamental de su naturaleza, su condensación de relaciones de poder y dominio de clases y de comunidad ilusoria[2]. Yes la condensación de relaciones y los proyectos e intereses de clases que en esas relaciones predominan los que le otorgan a la organización de la vida en común su impronta particular.

Decir que la forma valor es la que predomina en nuestro mundo social, pero sin las referencias de clase que ello implica, es hablar de abstracciones, pero quedándose atrapado en ellas, sin sopesar el peso de las mistificación clasista que expresan. Desde las clases sociales la vida en común alcanza sentido, integrando y desmistificando aquello que el capital desintegra y mistifica.

1.2.- ¿Quiénes detentan el poder político? y ¿cómo se ejerce ese poder?

El análisis del Estado no puede eludir el interrogante respecto a quienes detentan el poder político, es decir, cuáles intereses de clase son los que organizan la vida en común. La respuesta común, la burguesía, o el capital, es demasiado general cuando se considera que esa clase cuenta con fracciones de clase (bancaria/financiera, industrial, agraria, minera, comercial) y con sectores (gran, mediano o pequeño capital). La respuesta debe ser capaz de identificar los intereses de qué fracciones y/o de qué sectores de la burguesía son los que prevalecen en situaciones históricas específicas, donde las políticas estatales tienden a favorecer más a algunos capitales en desmedro de otros, lo que reclama comprender cómo se conforma el bloque en el poder, esto es, qué fracciones y/o sectores de la burguesía cuentan con ventajas en impulsar sus proyectos, y cuáles  hegemonizan el poder político.

Pero tan importante como la pregunta anterior es precisar también el cómo se ejerce el poder, esto es, cuál es la forma de Estado o forma de gobierno que prevalece, en donde alcanza sentido determinar si se domina por medio de votos o por medio de bayonetas, y con qué relevancia; si existe parlamento y división de poderes; si existe o no prensa y medios de comunicación con autonomía o están controlados; si operan mecanismos de representación; peso de los aparatos armados en la vida pública, etc.

Las preguntas sobre quienes detentan el poder y como dicho poder se ejerce se encuentran estrechamente asociadas. Hacia fines del siglo XX e inicios del siglo XXI el tema de la “transición a la democracia” se constituyó en eje de debates y análisis políticos en América Latina. Pero en esta caracterización se privilegiaba uno de los interrogantes señalados, el cómo se ejerce el poder. Y la multiplicación de consultas electorales, alentó una mirada sesgada, la que daría paso posteriormente a los estudios sobre la “calidad de la democracia”, dando por sentado que ésta ya estaba en marcha en la región.

Al desligar el cómo se ejerce el poder de la pregunta quienes detentan el poder, no se ponderó que las propias fuerzas sociales y/o políticas que en momentos previos reclamaron y alentaron dictaduras militares o gobiernos civiles autoritarios contrainsurgentes, eran las que ahora reclamaban o participaban del discurso de la apertura democrática. Y que las políticas económicas que propulsaron muchos de los nuevos gobiernos civiles (que no incluye a los llamados gobiernos populares) eran las mismas que prevalecían en los gobiernos militares o contrainsurgentes.  En pocas palabras, al no integrar las preguntas no se contó con herramientas para comprender los límites de la democratización en marcha, ni los intereses de clase que terminaron fijando su impronta en esos procesos.

1.3.- Estado y aparato de Estado

La mistificación de las relaciones de poder y dominio de clases que implica la forma Estado se ve alimentada a su vez por la cosificación de dichas relaciones, asumiendo la forma de aparato de Estado, un conjunto articulado y jerarquizado de “cosas”, como instituciones, personal que ocupa posiciones en esas instituciones y de un cuerpos de leyes.

A mayor concreción, la capacidad de mistificación del Estado en tanto aparato de Estado se fortalece. Las instituciones del aparato de Estado, el personal que ocupa los cargos relevantes y los papeles en que se concentran las leyes, no nos dicen que son “cosas” atravesadas por intereses de clases. Su lenguaje y su discurso versa, por el contrario, sobre los intereses de la nación y de la sociedad en su conjunto

No es un asunto menor en el tema de la mistificación de la vida social el que la burguesía en particular sea la primera clase dominante que tiende a delegar la administración del aparato de Estado en manos de otras clases, por lo que no le es necesario, en general, que de manera directa sean miembros de las clases dominantes los que se instalen en los principales cargos de las instituciones del aparato de Estado, como postuló la corriente instrumentalista (Miliband:1970), para explicar cómo es que el Estado lleva a cabo los intereses de las clases dominantes[3]. Ello no niega que ocurra, pero no es un procedimiento rutinario. Más bien opera en condiciones excepcionales[4].

El hecho que cada cierto tiempo las autoridades que encabezan el aparato de Estado, y las fuerzas políticas que representan,  pueden ser renovadas en consultas electorales por ciudadanos y no por clases, alimenta el imaginario que no subyacen poderes de clase en medio de esas periódicas renovaciones, sea de fuerzas políticas, sea de personeros. Además el aparato de Estado permite sin mucha mediación que se establezca la identificación de las autoridades del aparato como quienes detentan el poder político, con lo cual se obscurece  justamente el asunto de las clases cuyo poder político prevalece en la sociedad[5].

En las elecciones y en la constante renovación de autoridades en el aparato de Estado no está en juego de manera inmediata el poder político prevaleciente en la sociedad. Esto nos señala que el aparato de Estado es el aparato de un Estado específico, con relaciones de poder y dominio de clases cuya vigencia no se encuentra en juego en los procesos electorales.

2.- Determinaciones del Estado dependiente

En el seno del sistema interestatal mundial, el Estado dependiente es un Estado subsoberano.  Esto significa en lo inmediato un poder estatal subordinado a otros poderes estatales. Lo anterior implica romper con la ecuación de la ciencia política tradicional que establece “Estado es igual a soberanía”. Esta formulación desconoce la heterogeneidad económica y estatal que el capitalismo conforma a nivel del sistema mundial. A su vez implica romper con la idea que carencias en materia de soberanía suponen incapacidades para el ejercicio del poder político por parte de las clases dominantes locales.

La condición subsoberana del Estado dependiente  no es sino la contracara de la existencia de un sistema mundial en donde operan mecanismos de intercambio desigual entre economías y regiones, que implican cesión de valor desde el capitalismo dependiente hacia el mundo desarrollado, por la configuración de una tasa media de ganancia internacional en donde los precios de producción de los bienes que exportan las economías dependientes se ubican por debajo del valor generado, en tanto los precios de producción los bienes de las economías desarrolladas se ubican por arriba del valor generado. También transferencias de valor en igual dirección por la apropiación de ganancias de inversiones extranjeras; por el pago de intereses de deuda pública y privada; por renta tecnológica, etc., todo lo cual da vida a formas de capitalismo diferenciadas, siendo la forma del capitalismo desarrollado y la forma del capitalismos dependientes las más relevantes.

Las modalidades de inserción en el mercado mundial y de reproducción del capital que se generan en el capitalismo dependiente, unido a las pérdidas de valor por los mecanismos arriba señalados, alientan que las clases dominantes en el capitalismo dependiente generen modalidades de explotación que reclaman apropiarse de parte del fondo de consumo y de vida de los trabajadores para transferirlos al fondo de acumulación del capital. A esta modalidad particular de explotación se le denomina superexplotación (Marini: 1973), la cual se ve posibilitada por la presencia de enormes contingentes de población excedente, generados por la propia dinámica de la acumulación dependiente.

El predominio de la superexplotación bajo sus diversas formas agudiza los conflictos sociales y debilita las relaciones que generan sentido de comunidad en el capitalismo dependiente. Esta es una de las principales razones que provoca que en la historia política de los Estados latinoamericanos tiendan a predominar formas autoritarias de muy diverso signo, y de las dificultades de aquellos de asentarse de manera perdurable en formas democráticas, o semidemocráticas, para ser más rigurosos. No es falta de desarrollo político el por qué esto acontece, sino que es la expresión de las formas particulares de reproducción del capitalismo dependiente y de las modalidades de dominio que reclama.

En una economía sustentada en la expoliación de condiciones de vida básicos para el grueso de su población y sometida por sus clases dominantes hegemónicas a procesos de despojo de valor hacia las economías desarrolladas, se deriva una agudización de los conflictos sociales y de la lucha de clases, dado el desarrollo de las clases sociales propias del capitalismo y de sus enfrentamientos. En estas condiciones el Estado dependiente tiende a convertirse en un eslabón débil de la cadena de dominación mundial del capital, que pone de manifiesto de manera permanente la actualidad de la revolución[6].

La agudización de los conflictos sociales en el capitalismo dependiente y la agudización de la superexplotación tienen como correlato que el Estado de derecho y el peso de la ley sean socavados y se apliquen a discreción. Las leyes no escritas tienen por el contrario un peso significativo en la vida social. Las instituciones del Estado a su vez manifiestan fragilidad, pero no por inmadurez, sino por las particularidades que presenta la imbricación de lo económico y lo político. Todo lo anterior es necesario para sostener la condición subsoberana en el sistema interestatal, las particulares formas de explotación en el plano local y las transferencias de valor hacia el capitalismo desarrollado. De esta forma la subsoberanía y la superexplotación son soportes de la acumulación y dominio a escala mundial para el capital.

Ante la fragilidad de las instituciones del aparato de Estado, alimentada también por las recurrentes crisis de legitimidad de las autoridades, se genera la tendencia a que la clase reinante asuma mayores espacios de acción. Es en este cuadro que se desarrollan en el Estado dependiente las condiciones para la regular emergencia de mandos autoritarios y de gobiernos encabezados por liderazgos carismáticos y por caudillos políticos.

El hecho que la reproducción de los capitales más dinámicos en el capitalismo dependiente realicen de manera predominante el plusvalor en los mercados exteriores o en mercados internos de alto poder adquisitivo, dando las espaldas a las necesidades de la población trabajadora local, alimenta la incapacidad de las clases dominantes locales de generar proyectos nacionales frente a los poderes que prevalecen en el sistema mundial.

En la misma lógica opera la enorme presencia de capital extranjero en las economías dependientes bajo la forma de inversiones directas, muchas de ellas operando en sectores ejes en los distintos patrones de reproducción de capital que hemos conocido. Esa presencia no es resultado de imposiciones, sino de alianzas de sectores y franjas locales de las clases dominantes con burguesías foráneas. Esto propicia en el Estado dependiente una suerte de descentramiento, en donde el poder político local debe contemplar los intereses de aquellos capitales, lo que redunda en lo ya señalado: la incapacidad de las clases dominantes locales de conformar proyectos con una perspectiva de desarrollo nacional.

Esta limitación de las clases que detentan el poder en las economías dependientes abre constantes fisuras que alientan la emergencia de fuerzas políticas con proyectos que reclaman mayor autonomía nacional y mayor soberanía, las que siendo demandas democráticas, en las condiciones de articulación de las economías dependientes con las economías desarrolladas, se constituyen en demandas que apuntan a subvertir la posición subsoberana  en el sistema de dominio mundial.

La inexistencia de estructuras productivas complejas y la temprana monopolización de la economía en sus muy diversos sectores, propician en las economías dependientes el rápido surgimiento de sectores del gran capital que pasan a predominar en la economía y en el Estado, reforzando la pobre diversificación de la estructura productiva y la débil diversificación y fuerza de fracciones de clase y de sectores dominantes.

Ante el peso de patrones de reproducción de capital volcados a los mercados exteriores en la historia económica regional, prevalece en el capitalismo dependiente una suerte de esquizofrenia política en las clases dominantes de la región, en donde ante la necesidad de estar abiertas a los mercados exteriores y limitar medidas proteccionistas, operan defendiendo posiciones liberales en lo económico, sosteniendo sin embargo posiciones conservadoras en el terreno político y social. Esto, que ya se expresa en la segunda mitad del siglo XIX, sigue presentándose con fuerza desde el último tercio del siglo XX a nuestros días, con gobiernos conservadores en el campo político y liberales en lo económico, con hitos relevantes con la presencia de dictaduras militares y gobierno civiles contrainsurgentes. El surgimiento de gobiernos populares y progresistas en el siglo XXI morigeró esta tendencia, la que vuelve a ganar vida tras la derrota electoral o bien vía golpes blandos en estos últimos gobiernos.

3.-  Cambios en la correlación de fuerzas entre clases

3.1.- Severas derrotas del mundo del trabajo

Desde la década de los setentas del siglo XX se presentan una serie de procesos que manifiestan y aceleran el cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial y regional entre capital y trabajo, en perjuicio de este último. Algunas de sus expresiones más significativas lo constituye el establecimiento de dictaduras militares en gran parte de la región sur de América Latina, y en particular el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile, la puesta en marcha del gobierno encabezado por el general Augusto Pinochet y la pronta aplicación de políticas económicas neoliberales.

También se debe mencionar la marcha de políticas estatales contrainsurgentes en la mayoría de las sociedades latinoamericanas; el creciente avance de las políticas neoliberales en otras regiones, alentadas por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, en este último caso tras una prolongada huelga y la derrota de poderosos sindicatos mineros del carbón; el derrumbe de la Unión Soviética y la desintegración del llamado campo socialista; la constante pérdida de prestaciones sociales, lo que pondrá  fin al Estado benefactor en Europa Occidental y Estados Unidos, y a sus remedos en el capitalismo dependiente latinoamericano; cambios en los procesos de trabajo y avance de la precarización de los empleos;  creciente peso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y del Banco Central Europeo para impulsar políticas de ajuste, con severos golpes a los niveles de ingresos, de empleo y seguridad social de la población asalariada mundial.

Es en el cuadro de una severa derrota del mundo del trabajo que el capital pone en marcha nuevas divisiones internacionales del trabajo, nuevas revoluciones científico-tecnológicas, unido a la baja de salarios, incrementos de jornadas laborales, e inestabilidad en los empleos, como fórmulas para resolver la tendencia de larga duración a la caída de la tasa de ganancia.

3.2.- Sus efectos en el Estado dependiente latinoamericano

En América Latina la derrota del mundo del trabajo implicó la puesta en marcha de un nuevo patrón de reproducción de capital, el de especialización productiva, bajo políticas económicas neoliberales, que alentaron la venta de empresas públicas al capital privado, nacional y extranjero, el retiro de prestaciones sociales, agudos descensos salariales y el incremento del desempleo, amén de reformas laborales que restaron fuerza a los sindicatos, incrementos de jornadas y deterioro general en las condiciones de trabajo.

En el terreno político la última década del siglo XX es un periodo dominado por la llamada transición a la democracia en América Latina, con el reemplazo de gobiernos militares o gobiernos civiles autoritarios por gobiernos civiles emanados de consultas electorales, tras cambios y reformas para acelerar la constitución de nuevos partidos políticos o bien la legalización de viejas organizaciones; creación de padrones electorales, así como de organismos encargados de velar por la equidad de campañas..

Este giro, que implicaba pasar del súbdito (menor de edad político) al ciudadano (un sujeto político mayor de edad), tenía como trasfondo la búsqueda por las autoridades político-estatales de una nueva modalidad de legitimidad. Ante el fin de las prestaciones sociales desde el Estado, por el auge neoliberal, las autoridades buscaban ahora el reconocimiento de la sociedad al mando político por la vía de hacerla responsable de las decisiones políticas.

Desde fines del siglo XX, pero con mayor claridad y fuerza en los inicios del siglo XXI se hizo sentir una temprana recomposición de diversos sectores sociales, dada la represión desplegada para aplicar las nuevas políticas, desde estudiantes, mineros, pueblos indígenas, obreros, desempleados, empleados públicos, profesores, etc. América Latina vivió en este tiempo uno de los periodos más convulsivos, con expresiones en tempranas renuncias y destitución de autoridades presidenciales, y de enorme inestabilidad institucional, resultado de la puesta en marcha de políticas privatizadoras y de ajuste contrarias a los intereses del grueso de la población, lo que precipitó crecientes movilizaciones.

Una de las expresiones de esta temprana rearticulación popular fue el ascenso al gobierno de fuerzas políticas creadas de manera reciente, contrarias al avance de las políticas neoliberales y que reclamaban políticas más cercanas a las necesidades de los sectores populares. Todo ello acontecía en medio de masivas protestas y movilizaciones. Es así como América Latina termina la primera década del nuevo siglo con a lo menos tres  gobiernos populares, el de Hugo Chávez en Venezuela , el de Evo Morales en Bolivia y el de Rafael Correa en Ecuador, así definidos por la base social de apoyo que los erige, y por las políticas y programas  que ponen en marcha.

Junto a los llamados gobiernos populares se constituyen a su vez gobiernos progresistas, que sin la radicalidad de las movilizaciones y exigencias que dieron vida a los primeros, recogen demandas para limitar las agresivas ofensivas de los capitales hegemónicos, no siempre con resultados claros en la materia, y que ponen en marcha a su vez numerosos programas sociales en favor de las franjas más pobres y de sectores obreros y de la pequeña burguesía asalariada.

Todo ello se ve favorecido por el excepcional momento que viven las exportaciones latinoamericanas de materias primas y alimentos en el mercado mundial, en la primera década del siglo XXI, particularmente estimuladas por la demanda de China, economía que vive en esos años momentos de una enorme expansión, y de partes industriales dirigidas a los Estados Unidos.

Junto a los casos más emblemáticos de gobiernos de este tipo, como los encabezados por Ignacio Lula de Silva en Brasil, y de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, un sinnúmero de otras fuerzas y personeros con grados muy disímiles en materia progresista y en tiempos diversos triunfan en Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Honduras, Panamá y El Salvador, lo que permite la creación de una política con dimensiones regionales que se plantea mayores autonomías frente a Estados Unidos, en política exterior, y en acuerdos comerciales intrarregionales y financieros[7].

4.- Razones del agotamiento político 

No se puede desconocer el papel que han jugado Estados y capitales del mundo desarrollado en los afanes por debilitar, cuando no defenestrar los procesos políticos gestados en la región en este tiempo, aliados a sectores de las clases dominantes locales. La destitución de los presidentes de Honduras, Paraguay y Brasil, en tiempos diferentes, no son ajenas a lo antes señalado, así como las maniobras golpistas en Bolivia, Venezuela y Ecuador.

También se ha puesto énfasis en el fin del excepcional periodo económico que vivió la región en la primera década de este siglo como elemento clave para explicar el debilitamiento de los gobiernos progresistas y de los gobiernos populares. Sin desconocer la significación de los puntos anteriores, considero que no se ha otorgado suficiente peso a las razones internas referida a lo que estos gobiernos hicieron y dejaron de hacer y que alimentaron su fragilidad.

Para el caso de los llamados gobiernos progresistas, y en particular para los casos de Brasil y Argentina, un asunto central se encuentra en el predominio de proyectos políticos que  privilegian la conciliación de clases, esto es, alentar programas para mejorar las condiciones de vida particularmente de la población ubicada en la pobreza, y elevar salarios, generar empleos (con nuevas universidades, entre otras), y otras prestaciones sociales que beneficiaron a franjas obreras y de la pequeña burguesía asalariada, manteniendo cuando no incrementando, sin embargo, importantes prerrogativas a las fracciones y sectores más poderosos del capital, con tibios o nulos proyectos que retuvieran alguna cuota de las cuantiosas ganancias que percibían.

Estos proyectos políticos no podían sino generar fragilidades para los gobiernos en el corto o mediano plazo, por la dificultad de mantener equilibrios frente a demandas y presiones  sociales contradictorias. Esta razón es la que subyace en la pérdida de apoyos que sufren los gobiernos progresistas desde unos y otros agrupamientos, los que terminarán por agudizarse para cuando la capacidad de sostener las políticas de equilibrio se reducen ante la baja de los ingresos que se captaban por las exportaciones.

Si a la política de conciliación se añaden las denuncias por casos de corrupción[8],  alcanza sentido la desmovilización y desafección de los sectores populares cuando el Congreso destituye a la presidenta Dilma Rouseff en Brasil, o que propicia la derrota electoral de las fuerzas kirchneristas en las elecciones presidenciales en Argentina. Con posterioridad se generan importantes movilizaciones y protestas, pero ello no permite ocultar el sintomático repliegue y la desmovilización inicial.

Los llamados gobiernos populares, a pesar de diferencias importantes, comparten a su vez debilidades consustanciales a la concepción misma de lo que estos gobiernos consideran representar y expresar[9]. Existe el error común de asumir el triunfo electoral como conquista del poder político, o bien como parte de un proceso que se enfila en esa dirección, y que se logrará en la medida que se mantengan dichos triunfos y se ganen mayores posiciones en el aparato de Estado. En algún momento –se supone- se producirá un punto de bifurcación. Y ello acontecerá sin necesidad de romper con la institucionalidad imperante[10].

Esta idea matriz termina condicionándolo todo, en tanto la acumulación de fuerza social de los dominados debe terminar expresándose en fuerza electoral y en los tiempos que la disputa electoral establece, y debe discurrir por los canales institucionales.  De esta forma las dinámicas de los movimientos sociales terminan siendo encorsetada a esos tiempos y espacios, lo que provoca desgaste, agotamientos y repliegues.

En estas condiciones los sectores dominantes desarrollan una guerra de desgaste, ya que la propia institucionalidad imperante en el aparato de Estado es un territorio político que entraba la marcha de procesos y proyectos rupturistas. Nadie puede desconocer lo mucho realizado por estos gobiernos. La pregunta clave, sin embargo, es si no se contaban con fuerza social disponible para tareas mayores. Porque el no lograr metas mayores puede tener como consecuencia que mucho de lo ganado se pierda bajo nuevas autoridades de gobierno. Allí está lo que acontece en estos días en Ecuador, tras el triunfo de Lenin Moreno, su distanciamiento de Rafael Correa y sus ofensivas contra  los logros de la llamada revolución ciudadana.

Amarrados a la ruta establecida, el desgaste político de los gobiernos populares aparece como un camino previsible. Es en este cuadro que inciden la caída de precios de las exportaciones y los recursos de los gobiernos.  Pero no está aquí la razón de fondo de sus debilidades.

Con los repliegues y desmovilizaciones generadas en la región, como resultado de los problemas presentes en los gobiernos progresistas y populares, no tiene nada de extraño el avance electoral y político de fuerzas de derecha, las que han aprovechado los espacios otorgados, o posibles de arrebatar, así como la disgregación y atomización de amplios sectores que conformaban antigua fuerza disponible y la desorientación propiciada en amplios sectores sociales.

5.- Hacia el Estado de contrainseguridad con coro electoral [11]

5.1.- Crisis de la democracia liberal representativa y de sus remedos en América Latina

En el mundo desarrollado, particularmente en Europa Central y en Estados Unidos, el triunfo de la gran burguesía productiva y financiera y sus golpes al mundo del trabajo han propiciado que a poco andar se presente la crisis de la democracia liberal representativa, forma de gobierno que madura con posterioridad a la segunda guerra. Las bases que la hicieron posible fue el resultado de significativos cambios en los procesos de reproducción del capital, la multiplicación de la productividad y la generación de nuevos y diversos valores de uso. En ese cuadro, potenciar el consumo de los trabajadores pasó a constituir una necesidad vital para el capitalismo desarrollado, a fin de generar los mercados para realizar la plusvalía, lo que se propició por incrementos en los salarios, nuevas prestaciones sociales y programas de mayor seguridad social.  El llamado Estado Benefactor comenzaba a tomar forma.

Pero también se encuentran razones política de la mayor relevancia en este giro civilizatorio del capital en el mundo desarrollado. La segunda guerra implicó un avance inesperado del socialismo real en términos territoriales. Una franja nada despreciable de Europa Oriental pasó a formar parte de la Unión Soviética, al tiempo que en China la revolución daba un salto significativo en su poderío con la primera explosión atómica en 1947.

Frente a estas amenazas, las clases dominantes de Europa Occidental y de los Estados Unidos debieron incrementar los programas sociales y los ingresos de su población trabajadora, sobre bases que eran compatibles con la reproducción capitalista, a fin de disminuir los peligros que aquella fuese ganada por los discursos de la revolución y el socialismo. Pero ese periodo llegó a su fin con la aguda guerra de clases que el capital desató en las últimas cuatro o cinco décadas en todo el mundo, tras la caída de la tasa de ganancia, y el posterior derrumbe del campo socialista, lo que alentó un radical deterioro de las condiciones de trabajo, de seguridad y de vida para el grueso de la población trabajadora, proceso que aún prosigue y que hace de la precarización laboral la norma, en medio de un nuevo reordenamiento del sistema mundial capitalista.

A estos elementos se suman en todo el sistema la expansión de la acumulación por la vía de actividades ilegales y la multiplicación de dinero sucio, propiciando que las fronteras con la reproducción legal del capital se haga cada vez más difusa[12].

En este terreno minado, la clase reinante y la clase política no han escapado a la descomposición imperante, apuntalando la imbricación de operaciones legales e ilegales, favoreciendo procesos de corrupción de todo tipo, en donde se ven involucrados desde altos mandos del aparato estatal y funcionarios de todos los niveles.

Todo ello ha alentado una desconfianza creciente hacia funcionarios que administran el aparato de Estado y dirigentes políticos, propiciando crisis de legitimidad del mando político, otra de las expresiones de la crisis de la forma de gobierno. A ello se suma que el puente de los partidos políticos como instancia de representación se ha debilitado, cuando no fracturado, tendiendo a convertirse en cotos de grupos de poder, de burócratas y funcionarios, cada vez más preocupados de sus negocios con recursos públicos.

No hay terreno de la democracia liberal representativa y del remedo de democracia en América Latina  que no se haya visto golpeado y debilitado, alentando el desencanto de franjas crecientes de la población con la política.  Todos estos elementos se hacen presentes también en la crisis político-estatal en las sociedades del capitalismo dependiente. Sólo que en estas sociedades, en rigor, no se puede hablar de crisis de la democracia liberal representativa, porque simplemente esta forma de gobierno sólo alcanzó a presentar remedos y sombras en la región.

Y muchos de los signos de la crisis político-estatal de la democracia liberal representativa alcanzan mayor agudeza en la organización política del capitalismo dependiente, como la corrupción de funcionarios públicos y la difusa frontera entre clase reinante, clase política y aquellas franjas del capital que se reproduce en operaciones ilegales. Odebretch se ha convertido justamente en el paradigma de corrupción y degradación de sectores del gran capital y de altos funcionarios públicos en la región, en este caso para ganar sustanciosas licitaciones públicas. A esta corrupción se asocia la impunidad del alto personal del aparato de Estado.

5.2.- El Estado de contrainseguridad con coro electoral: respuesta a la crisis[13]

La crisis de los remedos de democracia en la región, la destitución de los presidentes en Honduras (2009), Paraguay (2012), y Brasil (2016) por medio de golpes blandos, la crisis de los gobiernos populares de Venezuela y Bolivia, cada vez más cercados por movilizaciones internas y por el acoso internacional, e incluso el ascenso de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, en un proceso de avasallamiento mediático, económico y judicial contra el gobierno anterior  (Beinstein: 2018), ponen de manifiesto que el periodo abierto con la llamada transición a la democracia ha llegado a su fin en la región,  y que asistimos a una reconfiguración de las formas de gobierno que emergieron de aquel proceso, con la puesta en marcha de una nueva forma, el Estado de contrainseguridad con coro electoral.

Una de las razones que explican la fuerza con la que madura esta nueva forma de gobierno en la segunda década del siglo XXI, y que ya presenta antecedentes en la década previa, tiene relación con un nuevo estadio de desarrollo de la fracción burguesa productora y exportadora de materias primas, alimentos y de partes industriales ligados a las industrias automotriz y electrónica y al ensamble, así como de la fracción bancaria y financiera, ambas en estrecha relación con capitales extranjeros, resultado de la enorme expansión de sus actividades e ingresos en la primera década del siglo actual.

El Estado de contrainseguridad con coro electoral también es resultado de los embates de aquellas fracciones y del capital internacional con inversiones en la región en contra de las políticas sociales de los gobiernos populares y progresistas, lo que lleva al conjunto del capital a redoblar esfuerzos para recuperar la gestión del aparato de Estado, buscando poner término a aquellos  gobiernos, y a reforzar en toda la región las políticas de seguridad, concebidas en un sentido amplio, no sólo para hacer frente al crimen organizado o la delincuencia, sino también, en lugar destacado, a las fuerzas sociales, organizaciones y líderes que cuestionan las políticas del capital. Es así una respuesta a las exigencias económicas y políticas del capital, lo que reclama nuevas derrotas del mundo del trabajo y de los sectores populares.           .

En esta nueva forma de gobierno se mantienen las consultas electorales, pero bajo procedimientos de mayor control, sea de las fuerzas que participan, de los candidatos, y de los resultados[14], para reducir los peligros de sorpresas como los gobiernos populares y los progresistas. Esto reclama derrumbar la credibilidad y poner fin político a organizaciones que amenacen la paz social y electoral que los grandes capitales reclaman. También destruir –cuando no eliminar[15]– a líderes sociales y políticos que pueden encabezar respuestas de masas. La posible “eliminación” de Lula da Silva de las boletas para elegir presidente en Brasil es parte de esta nueva lógica, como lo fueron la destitución de presidentes; de igual forma puede interpretarse la poderosa ofensiva mediática de desprestigio que se ha desplegado contra Cristina Fernández, no sólo para derrotarla electoralmente, sino para destruirla como opción para futuras contiendas.

En el Estado de contrainseguridad con coro electoral se busca alcanzar mayor control de la sociedad por mecanismos en donde se incrementa la percepción de inseguridad pública; a través de elevar el miedo a la presencia y acción de enemigos de la paz social y de los valores de “la comunidad”; de descalificar y reprimir la resistencia social, procedimientos que buscan desarticular  las organizaciones populares y desmovilizar a la sociedad, restarle iniciativa y justificar la vigilancia y la intervención policial y militar. Para ello es necesario que la prensa y otros medios de comunicación, particularmente púbicos, sufran embates que limiten sus actividades, al tiempo que se incrementa el peso de la prensa y la televisión afín a los intereses sociales que se busca que prevalezcan.

Al mismo y como respuesta a la carencia de oportunidades laborales, se destacan las bondades del autoemprendimiento, de pasar de trabajador a “socio” de alguna marca, como choferes de Uber, repartidores de alimentos o de mensajería, donde los “socios” no sólo no reciben salarios ni prestaciones sociales, sino que además pagan algún porcentaje de sus ingresos para continuar siendo partícipes del negocio.

La nueva forma de gobierno presenta muchos puntos en común con el Estado de contrainsurgencia, como perseguir o eliminar a quienes critican las políticas en marcha o denuncian la corrupción, la impunidad o abusos de autoridades civiles o militares[16]; establecer nuevas leyes en materia de seguridad pública[17]; la reorganización  de fuerzas policiales, de aparatos de inteligencia y seguridad y de las Fuerzas Armadas[18] y mayor presencia en calles y ciudades[19], y la puesta en marcha de nuevos sistemas de control y vigilancia de los opositores[20]. También de nuevos acuerdos con los aparatos de inteligencia, de seguridad  y con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Junto con impedir la repetición de experiencias como los gobiernos populares y progresistas, bajo la nueva forma de gobierno también se busca el logro de otras metas para avanzar en los proyectos del gran capital local y trasnacional, como redoblar la marcha en las políticas de ajuste en nuevas reformas laborales y en la reformulación de las pensiones; proseguir la venta a capitales privados de bienes y recursos públicos, y construir nuevos acuerdos regionales con otros mercados para ensanchar los campos de acción del gran capital exportador de la región.

Los pasos para configurar la nueva forma de gobierno no puede sino generar rechazos en amplios sectores de la población, por la afectación que propicia en sus condiciones de vida; por la militarización de calles y ciudades y por la criminalización de los movimientos sociales y dirigentes; por la secuela de muerte de civiles, acusados en general de formar parte de bandas de delincuentes, sin que tribunales civiles puedan meter mano en los procesos. De manera más acelerada en unos casos, y más lenta en otros, esta nueva forma de gobierno se concretiza en el conjunto de la región, poniéndose en marcha las diversas dimensiones que la caracterizan. El incremento de la violencia estatal será una condición necesaria para que alcance formas maduras, y con mayores razones si se considera que los movimientos populares en la región han sido golpeados y en muchos casos puestos en repliegue, pero en ningún caso desarticulados.

Nota final 1     

Al avance del Estado de contrainseguridad con coro electoral y la degradación en general de la vida pública, se suma la crisis de proyectos alternativos al capitalismo, lo que incrementa la desorientación política y el imaginario de un futuro con sentido.

Enfrentar estos procesos no pasa por añorar tiempos pasados. Los Estados benefactores en el mundo desarrollado y sus políticas sociales y de seguridad social respondieron a un momento de la reproducción capitalista y de la lucha de clases que ya no es posible repetir.  Sus remedos en el capitalismo dependiente también ya agotaron su historia, al igual que los remedos de democracia.

Nota final 2

El contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en julio pasado en México, y del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA,  constituye  un paso a contrapelo de las tendencias prevalecientes antes expuestas.

Es el primer triunfo electoral en la historia política de México de una fuerza de izquierda en elecciones presidenciales. No sólo eso, el triunfo ha sido en una contienda con una participación de votantes por arriba de los promedios anteriores, y  con una margen de apoyo inusitado: el 53 % de todos los votos. Ello ha llevado que los partidos tradicionales hasta ahora imperantes, léase el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) hayan quedado en minoría en el Parlamento en ambas cámaras, las de diputados y senadores, y haya perdido los cargos de gobernadores y las mayorías también en los parlamentos estatales.

¿Qué de particular ocurre en México que explica esta situación excepcional? Se pueden enumerar muchos asuntos: los agudos niveles de inseguridad que prevalecen en amplios territorios del país; escándalos por procesos de corrupción donde la clase política y las autoridades de gobierno se han visto involucradas; el empeoramiento de las condiciones de vida del grueso de la población; la división de las clases dominantes que llegaron hasta el final electoral con dos candidatos, en un sistema que no cuenta con segunda vuelta electoral.

Pero todo esto y mucho más se queda en la superficie del proceso. En México se ha asistido a una verdadera rebelión ciudadana, que ha implicado que el grueso de la población ha roto con fetichismos, trampas ideológicas y ataduras culturales que por lo general tienden a producirse masivamente en momentos muy particulares de las luchas sociales. Ni las amenazas de los grandes empresarios, ni las catástrofes anunciadas han hecho retroceder a los votantes en su opción por el cambio.

Más allá de las decisiones del futuro gobierno, amplios sectores de la población se manifiestan dispuestos a empujar porque las transformaciones prometidas tomen forma. Y esto abre un escenario nada común.

 

Bibliografía

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Roux, R. (2010), “El Príncipe fragmentado: liberalización, desregulación y fragmentación estatal”. En Veredas n. 20, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco, México.

[1] .- Para abandonar la noción de poder en el Estado, Ávalos distingue entre autoridad y poder (Ávalos: 2015a, 203), en donde la primera se ejercería sobre seres libres, en tanto el segundo sería un mando despótico sobre siervos y esclavos. Pero en El capital se demuestra que la libertad del obrero es justamente su sometimiento al poder despótico del capital (Marx:1973, 267-268), ya que en su desnudez de medios de producción puede renunciar a un capital, para terminar ofreciéndose a otro, lo que muestra la ficción de libertad que posee (Ibid, 486). Toda su vida está sometida al capital (Ibid, 518). Sólo asumiendo la ruptura entre economía y política en el capitalismo, que favorece la mistificación, podría señalarse que en la esfera económica hay poder, pero en la esfera política individuos libres que deciden sobre la vida en común.

[2] .- Dice Marx que “(…) el poder del Estado no flota en el aire”. Y remite a clases: “Bonaparte representa a una clase, que es además, la clase más numerosa de la sociedad francesa: los campesinos parcelarios”. (Marx: 1980, t. I, 489). Este material, y otros escritos políticos que siguen a sus obras maduras, constituyen  para Ávalos “análisis coyunturales (…) en lo que el plano de lo político se concibe como el terreno de la transcripción (sic), ciertamente contradictoria y sesgada por lo efímero (sic), de intereses de clase”. (Ávalos: 2007, 34), en su interés por minimizarlos, al no corresponderse con la propuesta estatal que ofrece.

[3] .- Adscribiéndose a esta corriente, y para explicar las transformaciones estatales en las últimas décadas, Ávalos señala que “el aparato de Estado fue conquistado (…) por la lógica del capital” y que “la antigua máquina burocrática del Estado benefactor” ha sido “desplazad(a) por una dinámica empresarial” (Ávalos: 2015a, 123). Es un “exterior” el que “conquista y desplaza”, y. el Estado, aun integrando el aparato, en su propuesta  es ajeno a las clases.

[4] .- Frente al arribo del empresario Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se pueden mencionar otros triunfos electorales recientes que manifiestan esa condición excepcional.Pero ni Angela Merkel ni Emmanuel Macrón, por ejemplo, son miembros de las burguesías alemana ni francesa.

[5] .- En la solución de Ávalos de integrar el aparato al Estado (2015b: 56), alimenta a su vez esta confusión. Los expresidentes de México como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, serían integrantes de las clases dominante, junto a los Slim, Azcárraga y Larrea. Identificar Estado y aparato permite dar sustento a la tesis que el poder político se puede alcanzar ganando posiciones en el aparato de Estado, sueño de toda política reformista. Pero entre el aparato de Estado y el Estado existe un hiato social y político. Es por ello que fuerzas sociales y personajes con mayores o menores conflictos con el capital pueden arribar al aparato (como Allende, Chávez o Morales), sin que ello implique que alcanzaron al Estado y con ello el poder político.

[6] .- El tema, que nos lleva a los problemas de las revoluciones anticapitalistas en la llamada periferia del sistema mundial capitalista, lo he desarrollado inicialmente en el libro Explotación redoblada y actualidad de la revolución.  Refundación societal, rearticulación popular y nuevo autoritarismo. UAM/Itaca, México, 2009. Un nuevo desarrollo se encuentra en el libro Sistema mundial, intercambio desigual y renta de la tierra, UAM/Itaca, 2017, México, cap. I, “El despliegue del capital en el Estado-nación y en el sistema mundial”.

[7] .- Procesos de los cuales se excluyen México, Colombia, Perú y Chile, los dos primeros por la presencia de fuerzas políticas tradicionales o derechistas en los gobiernos. Chile, por la fuerte dependencia de su comercio exterior con Estados Unidos en esos años y por mantener lejanía con experiencias que recuerden los años de la Unidad Popular, a pesar que personeros progresistas llegan a la presidencia.

[8] .- No es que no hubo corrupción. Pero el despliegue mediático local e internacional para dar cuenta del problema muestran que la cruzada contra la corrupción ha cargado sus tintas contra los gobiernos populares y progresistas en la región. (Romano: 2018).

[9] .- Aquí habría que excluir a Ecuador, en donde la idea de construir socialismo no tuvo mayor audiencia.

[10] .- El reformismo neogramsciano  reinterpreta la guerra de posiciones formulada por Gramsci, postura que ganó  peso en las décadas de los golpes militares en la región, particularmente reflejada en la obra de  Portantiero  (1977). En años recientes encuentra en la obra de Álvaro García Linera una importante retoma, aderezada con “el último” Poulantzas. (García Linera: 2015).

[11] .- “En la tragedia griega el centro del escenario lo ocupaban casi siempre los héroes (…). La vida cotidiana tenía reservado (..) un espacio subalterno y sin rostro: el del coro”. (Nun: 1989, 11). Con “coro electoral” quiero destacar el peso secundario de los ciudadanos y de las elecciones en la nueva forma de gobierno.

[12] .- Producción y venta de drogas y estupefacientes de todo tipo, tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de armamentos, de material para fisión nuclear, blanqueo y lavado de dinero en actividades inmobiliarias, masivas operaciones fraudulentas por internet, apropiación de información en redes sociales y venta, son algunas de las nuevas actividades de la acumulación del capital.

[13] .- Es común señalar que nos encontramos en un periodo de crisis estatal, y se han multiplicado las nociones que buscan dar cuenta de dicha crisis:“fragmentación” o “desintegración” del Estado  (Roux: 2010 ), “disolución” del Estado (Ávalos: 2010 ), a la que éste agrega recientemente la de “crisis de la estatalidad”, como resultado del quiebre del principio del Estado Leviatán y del Estado Res pública (Ávalos: 2015a, 237-238), lo que pondría en discusión  la autoridad del Estado, y su capacidad de expresión de las decisiones ciudadanas, en una vuelta de tuerca a la supuesta capacidad estatal de expresar esas decisiones. En el seno del capitalismo no es posible que la vida en común se pueda desarrollar sin Estado. La manifestación de problemas de seguridad, como en México, no han paralizado los procesos de reproducción del capital ni el dominio de las clases ligadas a éste. Con lo anterior no se pretende señalar que –en México en particular, desde donde se han formulado los términos anteriores – no ocurre nada. Simplemente poner de manifiesto que las nociones empleadas, como “fragmentación” del Estado, y peor aún, “disolución” del Estado, conducen a serios equívocos teóricos y políticos. El Estado feudal se puede “fragmentar”, lo que hizo posible, por ejemplo, que la revolución china fuera ganando poderes parciales en la larga marcha. Pero el Estado capitalista es un poder altamente centralizado, lo que impide que se le pueda destruir y reemplazar por partes.por un nuevo poder. Por otro lado los Estados capitalistas no se “disuelven”. De esta forma serían innecesarias las revoluciones. Por ello es que su fin pasa justamente por la destrucción de sus relaciones, en procesos de revolución.

[14] .- La seguridad electoral refuerza la tendencia a la realización de todo tipo de maniobras y fraudes, desde la compra de votos, engaños cibernéticos o simple manipulación de boletas y de recuentos. La reelección de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, tras un escandaloso fraude en las elecciones de 2017, forma parte de viejas historias en las nuevas condiciones.

[15] .- Fórmula contrainsurgente que el Estado colombiano ha aplicado de manera efectiva en las últimas décadas, asesinando a dirigentes sindicales obreros y campesinos, líderes sociales y dirigentes guerrilleros que han pasado a la vida institucional.

[16] .- Aquí se ubica la elevada cantidad de periodistas mexicanos asesinados en los últimos años. También el reciente asesinato en Brasil (14 de marzo del 2018) de la legisladora del PSOL, Marielle Franco, tenaz opositora a la presencia de militares en Río de Janeiro, y a los crímenes de las fuerzas de seguridad en las favelas.

[17] .- A fines de 2017 se aprobó en México una nueva Ley de Seguridad Interior, que otorga mayor presencia y operatividad a las Fuerzas Armadas, tras la intervención del Ejecutivo en estados o municipios. La nueva ley, aprobada con la oposición de organismos locales e internacionales de derechos humanos, deberá ser sancionada por la Suprema Corte de Justicia, por decisión del presidente Peña Nieto.

[18] .- A solicitud del presidente Macri en marzo de 2018, el Ministerio de Defensa creará una unidad especial, la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR), conformada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para apoyar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales, asunto que refiere a la presencia de organizaciones mapuches en zonas boscosas del sur del país, entre ellas el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que reclaman su derecho a las tierras que ocupan, y en donde ya hubo enfrentamientos  el 2017. Lo relevante de esta decisión es que permite operaciones de las Fuerzas Armadas al interior del territorio, lo que no ocurría desde las dictaduras militares en los años ochenta (Beinstein: 2018). En la misma línea, en octubre de 2017 el gobierno brasileño aprobó la creación de un nuevo Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública, que agrupa a todas las fuerzas del orden, bajo el mando del hasta entonces Ministro de Defensa. Tribunales y fiscales militares investigarán la muerte de civiles durante las operaciones armadas.

[19] .-  El 16 de febrero de 2018 Michel Temer declaró la “intervención federal” en el Estado de Río de Janeiro, entregando a un general el mando sobre militares y policías.

[20] .- En 2017 se informó que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano espiaban a periodistas críticos, infiltrando con un mensaje SMS sus celulares con el sistema Pegasus, adquirido a Israel, que permite que cámara y micrófono queden bajo control de la seguridad estatal. En Chile, como parte de la Operación Huracán,  iniciada en septiembre de 2017, Carabineros detuvo a ocho dirigentes mapuches acusados de quemar iglesias y camiones en La Araucanía. Más tarde se descubrió que la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros no sólo espió a periodistas de diversos medios que seguían el caso, que se prolongó meses, sino que “sembró” conversaciones en los celulares de los detenidos, para ofrecerlos como prueba de culpabilidad y de pertenecer a una organización subversiva y criminal. En marzo de 2018 el Director General de Carabineros y el Director de Inteligencia de la institución, conocedores del montaje, debieron presentar su renuncia.

Fuente: Marxismo y Revolución

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