por Cristián Fuentevilla
Si de algo sirve la evidencia es para ser observada en un comportamiento constante en las relaciones internacionales. En el contexto de estos últimos 20 años los discursos que hacen realidad la ideología que envuelven los derechos humanos no pasan de ser una guerra de propaganda, al tener una precarizada representación política institucional en el derecho internacional. Pues si algo han demostrados los postulados doctrinales de los excepcionalistas en los hechos, es que las medidas unilaterales de EE.UU y sus aliados son el término del derecho internacional. Lo demuestra no solo esta dimensión institucional, pues de momento es bastante plausible evidenciarlo también en la economía. Lo que por cierto es una condena unilateral al desarrollo de un sistema mundo, basado en la cooperación, comercio e integración regional, como la mejor de las alternativas.
En la región sudamericana, Chile se constituyó en la alternativa neoliberal de los EE.UU por medio de un golpe de Estado cívico militar en 1973. Basando sus políticas de alianza internacionales de acuerdo a los beneficios políticos y económicos, que les genera la división social del trabajo de la sociedad chilena al sistema político. Que opera como régimen de excepción bajo las clausulas antidemocráticas de la denominada guerra fría o de la bipolaridad de las relaciones internacionales. Esto último no es algo menor pues constituye la realización de una teoría de Estado hemisférica, en razón a la geopolítica regional. Por tanto la relación actual de la ideología excepcionalista está sostenida por la resistencia a la incorporación de competencia política y económica, en el reconocimiento de la multipolaridad de las relaciones internacionales.
También es condición propia del excepcionalismo la reafirmación de un orden unipolar, basado en medidas unilaterales. Lo que termina con el derecho internacional en sus diferentes dimensiones. De aquí que resulte contradictorio y no menos controversial que en los procesos políticos como el de Chile, se aduce una posición hacia los derechos humanos sin considerar una lectura política de las relaciones internacionales. Una forma de evidenciar esta situación es que los proyectos que pugnan en razón al proceso constituyente en Chile, no logran transparentar el hecho de que como clase política siempre adujeron un realismo político, en las políticas de alianzas con los EE.UU y sus aliados. Lo que explica el pobre papel que ejerce la clase política en el resguardo de los derechos humanos, al impedir que la democracia esté representada en derechos colectivos. Por ejemplo si se compara el desenfrenado interés por el TPP11 frente a la catástrofe situacional de la institucionalidad pública, en la emergencia humana y social del presente.
De hecho, otro ejemplo que evidenció la lógica excepcionalista está presente en el proceso de ratificación del Convenio 169 de la OIT el año 2008 en Chile. El que generó protocolos de consulta para los pueblos indígenas enmarcado en razón al territorio. No obstante esto, casi al unísono de entrar en vigencia, la primera vulneración de dicho Convenio internacional aparece presente al invocarse la Ley antiterrorista para la persecución política del pueblo mapuche. Lo que evidencia que la soberanía constitucional del régimen político se antepone al derecho internacional. Lo que no es una mera fricción jurídica, es política. Pues en aquel entonces, es la misma Presidenta del gobierno chileno, Michelle Bachelet, una egresada del Colegio Interamericano de Defensa en EE.UU. Quien fomenta estos programas de cooperación, como política de alianzas estratégicas para la seguridad de la región sudamericana en el posconsenso de Washington.
Al analizar este comportamiento de la clase política, resulta entendible que el actual proceso constituyente, basado en la legitimación del sistema de partidos, haga de esto último el principal objetivo de esta propuesta de reforma al Estado. Sin olvidar que la actual Constitución de 1980 consideró a los partidos políticos asociaciones privadas, resultado de la libertad de asociación que consagra de manera general. Pero como el sistema legal no es eficaz en materia de transparencia y control de los aportes privados. El financiamiento público directo que hoy existe ha generado la máxima desigualdad posible, pues financia directamente solo a los parlamentarios que intentan la reelección. Es más, se puede afirmar que se posee el peor de todos los sistemas. Porque no genera transparencia, impulsa a los agentes privados a operar irregularmente, ya que no hay control sobre una inmensa gama de fuentes de recursos y el único financiamiento público previsto influye en la desigualdad de la competencia electoral.
Sobre lo señalado anteriormente, se puede decir que el sistema electoral chileno, permanece con un mayor énfasis en la exclusión de cara al plebiscito de abril de este año. Primero, porque el sistema de partidos es el principal descrédito de la crisis de representatividad actual, que se evidenció antes y después del estallido social de octubre 2019. Y segundo, porque son los actuales partidos con representación parlamentaria, los que han propiciado la permanencia del modelo de subordinación al capital y las políticas de EE.UU hacia Latinoamérica. Esto por consiguiente anula la posibilidad de recuperar la soberanía y de hacerla descansar en la voluntad popular. En un proceso constituyente lo más participativo posible, que termine con la sobre-representación política de los intereses de EE.UU en el sistema de partidos y por ende en la región. En la medida de que permanece intocable el modelo neoliberal y los derechos humanos son un umbral ajeno a las posibilidades del sistema político actual.
Finalmente la actual y lenta implosión de EE.UU, es un escenario que está presente en sincronía con el proceso constituyente chileno con toda sus contradicciones. Dejando al descubierto una clase política incapaz de impulsar alianzas políticas, ajenas al régimen político de excepción que le otorgo vida. Lo que claramente es la iniciativa para gobernar el caos, en el ejercicio de la violencia política de parte de la oligarquía chilena. Lo que vuelve ilegitima la violencia del Estado contra la sociedad civil, en razón a la negación del excepcionalismo del derecho internacional e incluso del Estado de derecho en la lógica de la soberanía constitucional actual. Considerando que en la multipolaridad de las relaciones internacionales, la naturaleza de las unidades estatales en la posición dominante de los países claves está determinada por la naturaleza de los asuntos específicos. Lo que abre preguntas y certezas frente devenir del proceso chileno, como ¿cuanto se puede dudar para incorporar competencia?, dado que genera más mortandad la permanencia del modelo neoliberal que el nuevo coronavirus. Y entender que el pueblo chileno en su origen sincrético, cuenta con un conocimiento bastante subestimado por la servil clase política, al constatar la existencia de un pensamiento político latinoamericano no occidental para esta iniciada nueva era.
Cristián Fuentevilla
Cientista Político
