La instalación de una planta de tratamiento de residuos industriales de la empresa Ciclo ha despertado un fuerte rechazo de la comunidad y ha desatado todo tipo de protestas de sus habitantes, liderados por el alcalde, quien incluso amenazó con clausurar el relleno sanitario de la zona.
El cuestionado proyecto -que cuenta con tecnología de avanzada- podrá recibir tres millones de metros cúbicos de basura proveniente de todo el país y cubrirá una superficie de 43 hectáreas con una vida útil de 30 años. Entre las razones que motivaron a la empresa a impulsar este proyecto se encuentra el estado de saturación del otro relleno sanitario para residuos industriales ubicado en la comuna de Pudahuel (que data de 1997), ya que se está quedando sin capacidad.
Más allá de las entendibles críticas que pueda levantar la comunidad de Tiltil -cuyo rezago debe ser objeto de atención prioritaria por parte del gobierno central-, se hace imprescindible resguardar la institucionalidad ambiental que tiene el país, porque es la forma de procurar asegurar que junto con un adecuado sistema de mitigaciones que proteja sobre todo a las comunidades colindantes, también se estimule la llegada de empresas especializadas en el manejo de residuos, que incorporen las mejores tecnologías. Ello es un círculo virtuoso que favorece a la propia comunidad, en una materia de especial complejidad en todo el mundo.
El proyecto en cuestión cuenta desde diciembre pasado con la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y recientemente acaba de recibir la aprobación unánime del Comité de Ministros, integrado por los titulares de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. Es decir, la iniciativa ha sorteado las vallas técnicas y políticas, dando garantías a todas las autoridades de que cumple con los altos estándares que la ley estableció en materia ambiental.
Es lamentable que éste y otros proyectos de inversión enfrenten altos niveles de incerteza jurídica. En nuestro país se ha vuelto una constante la paralización de iniciativas de alta envergadura por razones ajenas a las legales, que pese a tener los permisos necesarios para comenzar su operación, son obstaculizados debido a la presión que ejercen las comunidades, muchas veces incitadas por abogados y grupos ambientalistas que han desarrollado una industria del litigio.
Más preocupante aún es que autoridades locales -a veces apoyadas por representantes del Ejecutivo o el parlamento- puedan desafiar la institucionalidad ambiental y se constituyan, en los hechos, en la última instancia no formal de aprobación de un proyecto. Una iniciativa que cuenta con los permisos que la institucionalidad ambiental establece, debe llevarse a cabo aun cuando pueda generar algunas externalidades negativas locales, las que deben ser abordadas mediante rigurosas mitigaciones.
Fuente: latercera.com
