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Chile – La soterrada ruptura de las asociaciones de DD.HH con Bachelet

Chile – La soterrada ruptura de las asociaciones de DD.HH con Bachelet

Reclaman que compromisos adquiridos por La Moneda no se han cumplido

La soterrada ruptura de las asociaciones de DD.HH con Bachelet

EL MOSTRADOR.    por Marcela Jiménez y Alejandra Carmona

La principal crítica apunta a que la actual administración solo se ha quedado en las palabras, los discursos y los simbolismos, pero que, en la práctica, no ha hecho nada para avanzar realmente o garantizar lo que en reiteradas ocasiones el ministro del Interior, Mario Fernández, ha recalcado como el compromiso de este Gobierno en materia de Derechos Humanos: verdad, justicia, reparación y no a la impunidad.

Si no era en este Gobierno, cuándo. Si no era con ella, con quién más. Sin embargo, nada de lo que esperaron que sucedería en la administración de Michelle Bachelet –una voz autorizada, casi un icono en este mundo por su historia de vida como víctima de los horrores cometidos en dictadura– se ha materializado en ya casi tres años de mandato. En las agrupaciones de Derechos Humanos se ha instalado una profunda desazón y una impensada y fría distancia con la Presidenta Michelle Bachelet.

Hay solo una audiencia registrada entre la Mandataria y las dirigentes de las agrupaciones de DD.HH, el 14 julio de 2014. En esa cita, las agrupaciones solicitaron terminar con los beneficios a los violadores de DD.HH, el cierre del penal de Punta Peuco, acabar con la ley del secreto por 50 años impuesto a los nombres de represores surgidos en el Informe Valech, una ley que impulse la degradación de militares involucrados en delitos de lesa humanidad, avanzar en un proyecto de ley que prohíba la apología de acciones y personas vinculadas en crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo, por su parte, asumió en ese minuto el compromiso de nombrar al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, como coordinador del equipo ministerial para el cumplimiento de las demandas que plantearon las agrupaciones.

Un año después, Bachelet se reunió con la sobreviviente del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, quien reiteró la petición de derogar el secreto por 50 años impuesto al Informe Valech e insistió en la degradación de militares violadores de DD.HH. “Ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso”, aseguró públicamente Quintana quince días después de la mediática cita.

Pero hasta la fecha nada de eso se ha concretado y difícilmente suceda, considerando que en La Moneda reconocen que la distancia de las agrupaciones de DD.HH con Bachelet no es tema y que no está en la lista de las preocupaciones palaciegas. En reserva, algunas autoridades asumen que, a pesar del revuelo que ha adquirido nuevamente esta agenda por la cuestionada liturgia del perdón el viernes 23 en Punta Peuco, el ánimo gubernamental real es evitar entrar en este problema y tratar de mantenerse al margen lo más posible.

En efecto, si bien la próxima semana se realizaría el comité político con los timoneles de la Nueva Mayoría, donde cada partido debería hacer llegar sus propuestas para la agenda de DD.HH y qué ruta adoptar en el debate sobre los beneficios carcelarios por razones humanitarias, el Gobierno no pretende liderar ni promover dicho debate sino que apuesta a que sean los partidos los encargados y que dicha discusión se canalice en el Congreso.

Así lo dejó claro ayer el propio ministro del Interior, Mario Fernández, quien al ser consultado puntualmente sobre alguna iniciativa gubernamental en esta área, afirmó que “el Gobierno no ha variado su opinión en materia de derechos humanos: verdad, justicia, reparación, no a la impunidad y que se cumplan las normas jurídicas vigentes. Ahora bien, si desde los distintos sectores de la sociedad, las iglesias, los partidos políticos, surgen iniciativas, bueno, cuando se planteen debidamente en el Congreso, ahí el Gobierno dará su opinión”.

En La Moneda hay quienes aseguran que Bachelet tiene muy claro lo que debe hacer en esta área, que tiene definido qué rumbo tomará y cuándo, pero que considera que este no es el momento. Por lo mismo, hay quienes apuestan a que en el diseño presidencial está como norte el último 11 de septiembre que encabece desde Palacio como la instancia precisa para hacer anuncios, entre los que no se descarta el cierre de Punta Peuco.

Pero, mientras tanto, en el propio Ejecutivo diversas fuentes reconocen que hoy impera un ánimo de desilusión generalizado desde las agrupaciones de DD.HH con la Mandataria, que sienten –así lo han expresado en diversas reuniones con funcionarios de rango técnico en el Gobierno– que esta administración solo se ha quedado en las palabras, los discursos y los simbolismos, pero que, en la práctica, no ha hecho nada para avanzar realmente o garantizar lo que dice el ministro Fernández que es el compromiso gubernamental en materia de DD.HH: verdad, justicia, reparación y no a la impunidad.

La abogada de DD.HH Carmen Hertz dice que esperaba una respuesta mucho más enérgica ante el despliegue del discurso del perdón que ha emanado de violadores a los DD.HH. Hertz la llama “campaña pro genocida”, en la que “el ministro de Justicia se sumó y pretende transformar a los victimarios en víctimas y acosar a las víctimas para saber por qué no perdonan”.

En agosto del 2015, Bachelet promulgó la ley que autoriza a erigir un monumento en memoria del ex ministro, abogado y defensor de los DD.HH, Jaime Castillo Velasco; cuatro meses después promulgó la Ley que creó la Subsecretaría de DD.HH y, este año, designó a Lorena Fries para esa cartera; se reunió una vez con los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asistió a la inauguración del 158° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de DD.HH e inauguró la exposición fotográfica “Sitios de Memoria”, muestra compuesta por imágenes que recuerdan el pasado traumático de Chile en lugares donde se trasgredieron los derechos humanos entre 1973 y 1990.

En octubre, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, Bachelet encabezó un acto de reconocimiento por el fallo de la Corte Interamericana que declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho de protección judicial en el caso Maldonado Vargas y otros, como también por la excesiva demora en iniciar una investigación respecto a las torturas que sufrieron las víctimas de este caso. “El Estado de Chile se equivocó gravemente. Y hoy estamos aquí para reconocer esta responsabilidad y reparar a las víctimas (…) gracias a este fallo, otras víctimas de consejos de guerra podrán presentar recursos de revisión y restaurar su dignidad y honor militar (…) permitan que esta Presidenta, hija de un general FACH, reconozca lo que ustedes han logrado con una única palabra final: gracias”, dijo la Mandataria esa mañana visiblemente emocionada y con la voz entrecortada.

Las violaciones a los DD.HH en dictadura vuelven una y otra vez a la palestra y dos meses después nuevamente marcan la agenda pública. Así, ayer –durante una entrevista en Radio Sonar–, Bachelet precisó que “el arrepentimiento no basta, porque lo que las familias necesitan es saber la verdad, saber qué pasó, idealmente encontrar sus restos, poder darles un lugar de sepulcro”. También reconoció que no tiene “una opinión definitiva” sobre la alternativa de conceder indultos humanitarios a los condenados en estos casos y, si bien no se amarró con una respuesta directa sobre el cierre de Punta Peuco, sí dijo que cuando tenga algo que contar lo anunciará y que consideraba “importante generar condiciones similares para tosas las personas”.

Sin embargo, a pesar de estas palabras y simbolismos, en el mundo de los Derechos Humanos hay gestos de La Moneda que han sido observados como una forma parca o indolente de llevar las relaciones con las agrupaciones. “Una vez hicieron una ceremonia sobre sitios de memoria en la Plaza de la Constitución y fue una ceremonia vacía; con Bachelet y sin las agrupaciones. Nadie se enteró. La muestra se instaló un viernes y el sábado ya había sido desmontada. No existe una interacción con nadie desde La Moneda”, señaló un dirigente.

Erika Hennings, de Londres 38, cree que no ha habido verdadera participación por parte de las organizaciones porque no han sido convocadas. “Nos invitan a ceremonias cuando ya se concretaron, pero a dar opiniones, nunca”, puntualiza.

El principal problema que tienen las agrupaciones de DD.HH es que sienten que están contra el tiempo, los autores de los crímenes envejecieron, se están muriendo y, con ello, la posibilidad de acceder a la verdad y en muchos casos a grados de justicia. Por lo mismo, la esencia de la decepción con Bachelet pasa por la convicción de que lo que no se logró hacer en este Gobierno, ya no va a suceder nunca y que, por lo mismo, solo han perdido el tiempo estos tres años.

A ello se suma que durante el 2015 en algunas reuniones con la ex ministra Javiera Blanco se les aseguró a las agrupaciones que el cierre de Punta Peuco era algo concreto, que sería anunciado en el mes de septiembre, pero llegado el momento la Presidenta no tomó la decisión final y todo quedó en nada sin mayores explicaciones.

El 2015 ya hubo dos huelgas de hambre de ex presos políticos y, en septiembre de este año, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos le dejó una carta a Bachelet en La Moneda donde le exigían el cumplimiento de sus promesas. “Es hora de que su Gobierno cumpla con el programa de DD.HH. y asuma las demandas legítimas de los familiares de las víctimas que usted comprometió al país y responda a la sociedad en su conjunto con verdad, justicia y memoria”, rezaba la misiva.

Consultada por El Mostrador, la directora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana María Carreño –quien perdió a su padre y a su hermano de 15 años– tiene un diagnóstico categórico: “No existe voluntad política. En todas las peticiones que hemos hecho como agrupaciones hemos pedido no impunidad, cierre de Punta Peuco, que los violadores a los Derechos Humanos vayan a una cárcel común, sin embargo, no ha sido posible”. Agrega que las esperanzas que tenían puestas en Bachelet pasaban mucho por el hecho de que se trataba de una “mujer, madre y víctima de torturas”.

La abogada de DD.HH, Carmen Hertz –madre de Germán Berger, el ex director de la Secom en este Gobierno– sentenció que no se ha avanzado en casi nada de lo propuesto en el programa presidencial. “Se creó una Subsecretaría de DD.HH, pero en términos de lo que es avanzar en impulsar una agenda contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la memoria, no ha ocurrido”.

Agregó que esperaba una respuesta mucho más enérgica ante el despliegue del discurso del perdón que ha emanado de violadores a los DD.HH. Hertz la llama “campaña pro genocida”, en la que “el ministro de Justicia se sumó y pretende transformar a los victimarios en víctimas y acosar a las víctimas para saber por qué no perdonan”.

Lo que viene

Este 3 de enero entra en funciones plenas y totales la Subsecretaría de DD.HH, cuya principal tarea será la construcción de un Plan Nacional de Derechos Humanos que debe ser elaborado en conjunto con la sociedad civil.

La ley establece que dicho plan durará cuatro años, debe establecer un diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas “al respeto, promoción y protección de los DD.HH” y debe específicamente abordar “la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y genocidios, y crímenes y delitos de guerra, en especial, según correspondiere, aquellos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Poco después de ser nombrada, Fries se reunió con las agrupaciones de DD.HH de toda índole, desde las minorías sexuales hasta las de víctimas de la dictadura, precisamente para delinear y explicar la forma conjunta en que se desarrollará el trabajo al alero del Plan Nacional. En dicha cita, la subsecretaria se comprometió a incluir las demandas de los familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y todas las vinculadas a los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero ese compromiso difícilmente descomprime la tensión instalada entre las agrupaciones y la Presidenta Bachelet, porque el Plan Nacional solo verá la luz recién a finales de 2017. Hay quienes en el Gobierno ven con preocupación que la molestia y decepción de los familiares de las víctimas se canalice más allá de simples cartas y que se transforme en una factura política mayor para la Mandataria.

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