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Chile – La historia de las familias que el PC pretende desalojar en Lo Barnechea y El Tabo

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 The Clinic

Los Martínez Poblete llegaron el 11 de enero de 1990 al predio ubicado en el sector precordillerano de la capital, a un costado del Río Mapocho. Eliana, madre de los cinco hermanos que desde entonces han vivido en el terreno, fue elegida como cuidadora del lugar, mientras su marido, Norberto, fue designado como “flamante administrador”. De ahí en adelante, la familia acondicionó el espacio para que viviera más gente, y aunque intentaron regularizar su situación a raíz del deteriorado estado de salud de Eliana, nunca obtuvieron una respuesta concreta sobre su futuro habitacional. En 2013, Hardy Márquez y su familia fueron de los primeros en llegar a ocupar el terreno de cinco hectáreas en El Tabo, autorizados por Miguel Gana, un viejo militante del PC y cuidador de las tierras. Con el tiempo, se sumaron a la ocupación más de 40 familias que no tenían donde vivir, juntos crearon la comunidad Minchay. Hoy llaman al partido a honrar sus ideales y alcanzar un acuerdo para evitar el desalojo.

Parte de la familia Martínez Poblete, habitantes del terreno en Lo Barnechea que el PC quiere enajenar. De izquierda a derecha: Eliana, Marco y Sandra.

“Aquí dice ‘PC recuperó piscina en El Arrayán’. Al medio ‘Norberto Martínez: flamante administrador’. Y la que aparece acá arriba soy yo”, afirma Sandra Matínez Poblete (39), mientras apunta un recorte de prensa extraído del periódico El Siglo, que data del 24 de febrero del año 1991.

Aunque este apartado fue guardado por mucho tiempo como un mero recuerdo, la familia ha tenido que desempolvarlo como si fuera parte de un proceso probatorio, luego de que el Partido Comunista (PC) interpusiera una demanda en su contra por ocupación ilegal del terreno ubicado en Lo Barnechea, cuyo avalúo fiscal alcanza los $274 millones y su tamaño los cinco mil metros cuadrados.

“A comienzos de esta semana nos desayunamos con que el partido nos quiere desalojar a raíz de una supuesta ocupación ilegal de este espacio, al que habríamos llegado el 2015 según la demanda, lo que es derechamente falso. Y ahora nos enteramos que ya habían interpuesto una demanda en nuestra contra el año 2016, por el mismo motivo, algo que jamás habíamos escuchado. Todo ha sido muy difícil, sobre todo por la forma en que nos quieren sacar y porque nos enteramos por los diarios de esto”, alega Sandra.

Recorte del semanario El Siglo guardado por la familia Martínez Poblete. Al centro de la imagen se indica la función administrativa que cumpliría Norberto Martínez. En la esquina superior derecha aparece Sandra, por entonces de 10 años.

Es por esto que junto a sus hermanos Luis (43), Eliana (42), Maritza (38) y Marco (37), ha debido recopilar la mayor cantidad de documentos posible para certificar que su llegada al predio es anterior a la fecha señalada en la moción judicial, que fueron destinados a ese lugar por pedido del PC y que su estadía ha contado con el consentimiento histórico de él.

De esta forma, asegura Sandra, pretenden llegar a un acuerdo con la colectividad y evitar la vía judicial. “Todos estamos postulando a viviendas porque sabemos que esto no nos pertenece, pero es un despropósito que el PC pida desalojarnos tres días después del juicio, con fuerza pública y pagando las costas”, concluye.

AL BARRIO ALTO

En enero de 1990 el Partido Comunista, entonces comandado por Volodia Teitelboim, contactó a Eliana Poblete para proponerle un trabajo en la comuna de Lo Barnechea.

Su labor sería cuidar la parcela que inauguraría la organización dentro de las próximas semanas, cuyo espacio serviría como lugar de esparcimiento y recreación para los miembros del partido. Su marido Norberto Martínez, además, actuaría como administrador del predio.

Según recuerdan los descendientes de este matrimonio, la confianza depositada en ambos era absoluta debido al nivel de compromiso que tenían con el PC: mientras Eliana comulgaba con la ideología plenamente, su esposo militó por más de 50 años hasta que murió en 2006 y, además, lideró el Comando de Exonerados Políticos del partido.

Tres días después del primer acercamiento, el 11 de enero de 1990, la familia abandonó su hogar en la comuna de Lo Prado y se instaló en el terreno nuevo, actualmente ubicado en la calle Pastor Fernández, a un costado del río Mapocho.

“Nos fue a buscar la misma gente del partido. Yo me acuerdo de (Américo) Zorrilla gestionando con mi mamá. Cuando llegamos, todos los hijos éramos cabros chicos, y fue como encontrarse con un bosque. Nos vinimos felices al barrio alto, como yo le decía”, rememora Sandra.

Su hermana Eliana Martínez, que tenía 13 años cuando se mudaron a Lo Barnechea, recuerda que la parcela era “muy grande y con muchas atracciones naturales”. Además, sostiene que una casona ubicada al costado del terreno oficiaba como centro de reunión habitual para los miembros del PC.

“Alguna vez fue ocupada como restorán, también como sede de fiestas del partido. Aquí se organizaron ferias artesanales y muchos eventos, como paseos de militantes. Éramos felices porque vivíamos bien. Además llegaban personas como Volodia (Teitelboim) y la señora Gladys (Marín), que se trataban de compañeros con mi papá. Era muy entretenido”, acota Eliana.

Una vez finalizadas estas reuniones, la madre de la familia Martínez Poblete debía limpiar el espacio y mantener el ornato del terreno.

Con el correr del tiempo, sin embargo, la parcela comenzó a cobijar otro tipo de eventos. Fue así como se instaló el Pueblito El Arrayán en el inmueble, un espacio dedicado a la compra y venta de artículos fabricados manualmente.

Si bien no hubo mayores inconvenientes en los primeros años, según Marco, el hermano menor de la familia, sí se originaron problemas cuando la actividad comercial se instaló de forma “casi permanente”.

“Efectivamente tuvimos un cambio positivo al mudarnos para acá, sobre todo por los espacios que eran mucho más grandes en comparación a nuestra casa antigua. Pero hubo muchas cosas que no se saben y que sí nos afectaron, como que el partido le haya pasado el Pueblito el Arrayán a una persona para que lo tuviera a cargo como locales comerciales, los que se instalaron en nuestro mismo lugar. O que cuando se fue el Pueblito, quedaron cuentas inmensas de luz y de agua, y que estuvimos dos semanas sin estos empalmes porque los sacaron cuando se fue la feria artesanal. En esos días mi mamá tuvo que ir a una plaza a sacar agua para que tuviéramos para poder cocinar y bañarnos. También tuvo que hacer y vender pan amasado para solventar la familia, mientras cada uno de sus hijos buscábamos algún lugar donde pudiéramos laburar”, asevera Marco, quien consiguió trabajo como pelotero en una cancha de tenis ubicada frente a su hogar.

Al igual que su hermano, Sandra recuerda que el partido no los ayudó cuando quedaron sin luz ni agua, a pesar de que el terreno era de su propiedad. Según ellos, lograron restituir estos servicios solamente gracias al trabajo de sus padres.

“Desde cierto punto hubo un abandono hacia nosotros como familia. Dejaron de preocuparse”, sostiene Sandra.

Con el pasar de los años, además, los hijos de Eliana Poblete formaron sus propias familias y expandieron el número de personas que habitan el terreno, un punto clave en la intención del partido para desocupar el terreno.

MEDIACIONES FRUSTRADAS

El documento presentado por el abogado Miguel Luna ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, en representación del PC, señala como demandados a Eliana Poblete Tello y “otros imposible de individualizar”, “todos ocupantes ilegales del predio que individualizo, ubicado en la comuna de Lo Barnechea”.

En este sentido, Sandra Martínez es enfática en especificar que “somos 28 personas las que vivimos acá, componiendo ocho familias en total. Quiero dejar en claro que esas familias son mi madre, sus cinco hijos y dos nietos que han hecho sus raíces acá. Todos somos descendientes directos de mi madre y padre”.

Más allá de “esta imprecisión, que muestra sus nulas ganas de negociar”, según Sandra la principal molestia de la familia tiene que ver con “el desconocimiento que le están haciendo a una familia que por mucho tiempo trabajó para ellos. Que nos den la espalda de esta forma y que no esté la instancia para conversar que tanto buscamos”.

Dentro de los papeles que guarda en una carpeta, entre cuentas de luz y agua, Sandra muestra las cinco mediaciones frustradas que presentó en la Municipalidad de Lo Barnechea para regularizar su situación, con el objetivo de llegar a un acuerdo con el PC respecto a su futuro habitacional fuera del terreno.

Una de las mediaciones efectuadas a través de la Municipalidad de Lo Barnechea sin efecto.

Además de estas presentaciones, guarda otras instancias en que su familia intentó contactar a la directiva del partido para pactar una salida mediada de la parcela, como la carta que comunica el estado de salud de la demandada, escrita y enviada hace dos años atrás.

“Mi mamá tiene 74 años, diabetes, hipertensión y es insulina dependiente. Todo eso se los quisimos comunicar al partido porque tenemos que ver nuestra situación. Pero no hubo ninguna respuesta. Nunca ha habido un acercamiento real”, afirma Sandra.

La última vez que hubo algún tipo de interlocución entre los excuidadores de la parcela y la colectividad, fue para el fallecimiento de Norberto Martínez, once años atrás: “Cuando mi papá murió le avisamos al PC y, de hecho, en su tumba hay un símbolo comunista pegado en la lápida”.

Carta redactada por Eliana Poblete y enviada al Partido Comunista, quien acusa recibo pero no responde las inquietudes de la emisora.

Sandra ha sido quien tomó la voz en representación de su madre y hermanos, quienes se reúnen a diario para evaluar los pasos a seguir en esta contingencia y definir cómo van a responder ante la solicitud hecha por el PC.

“Nos sentamos en torno a una mesa para definir nuestra postura y ver qué vamos hacer con esto. Mi mamá es la más afectada, dice que se siente muy triste porque no se lo esperaba para nada, básicamente porque trabajó buena parte de su vida cuidando algo que era del partido”, apunta.

Por el momento, la familia opta por emplazar a la organización y les hace un llamado a revisar el tono de la solicitud y negociar en buenos términos su salida, “por último por algo moral para una familia que siempre aportó con su ideología”.

– “No nos queremos ir por la vía judicial, porque no lo creemos necesario. Por eso le decimos a don Guillermo Tellier que a pesar de que nosotros buscamos las instancias de mediación, estas fueron ignoradas por su partido, y si las buscamos es porque sabemos que esto no es nuestro. Usted dice que no está pidiendo un desalojo, pero por favor lea la demanda. Es impresentable lo que buscan”.

EL OTRO DESALOJO: LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD MINCHAY EN EL TABO


Algunos de los pobladores de la comunidad Minchay.

“Si no tiene dónde vivir, yo no puedo negarle un pedazo de tierra… porque soy comunista, véngase para acá con su familia”, le respondió Miguel Gana, el cuidador del terreno de cinco hectáreas en El Tabo,  que pertenece al PC, a Hardy Márquez Nieto (44), uno de los primeros pobladores que llegó a ocupar las tierras y levantó su casa en el sector Minchay.

Márquez hoy figura con nombre y apellido en la demanda por desalojo, que presentó el partido liderado por el diputado Guillermo Teillier, para recuperar las tierras, en agosto pasado. Además la demanda está dirigida contra a Andrés Urzúa, a quien nadie en la comunidad conoce, -creen que se trata de un nombre falso-y el resto de los responsables de la ocupación ilegal.

En junio de 2013, Hardy, su pareja y sus tres hijos, llegaron a conversar con don Miguel Gana, un viejo militante del PC, que murió el año pasado. Le explicaron que no tenían dónde ir, él accedió a que se instalaran en las tierras que cuidaba por encargo del partido, desde que las Fuerzas Armadas devolvieron el terreno usurpado a las juventudes comunistas durante la dictadura.


Hardy Márquez fue uno de los primeros en llegar a la ocupación.

En el pedazo de terreno que ocupó Hardy, solo había un cuarto de madera. Con el tiempo y su destreza como carpintero y maestro de construcción, amplió e instaló un baño. Es de los pocos que cuenta con uno. El resto de los pobladores de Minchay y Los Helechos, -al menos unas cuarentas familias más, según sus propios cálculos-, utilizan baños secos. No tienen alcantarillado, luz, ni agua potable. Se las arreglan con un pozo común de donde los vecinos extraen agua y varios están colgados al suministro eléctrico.

Las casas, algunas de material ligero y otras de madera, instaladas en medio de eucaliptus y una intensa vegetación, están conectadas por pequeños senderos. Las tierras de cada familia se dividen con cercas de madera o mallas plásticas. No hay basura, todo se ve bastante ordenado. Parece una especie de comunidad ecológica.

La demanda del PC tomó a sus habitantes completamente por sorpresa. Hardy se enteró el martes con la llamada de una periodista y alertó al resto de sus vecinos, que están bastante molestos y consternados. No se explican que el partido no se acercara a conversar con ellos antes de iniciar acciones legales.

Es miércoles por la mañana, Hardy nos recibe en su casa y luego nos lleva al interior de la comunidad Minchay, a la casa de Natalia, una mujer artesana, que levantó ella misma su propia casa de madera. En el exterior, hay una imagen de Frida Kahlo. Ahí nos esperan cerca de diez vecinos para conversar.


La casa de Natalia.

-Es un atropello lo que están haciendo. Nadie del PC se acercó a conversar con nosotros antes de presentar la demanda, a preguntarnos quiénes eramos y por qué estábamos acá. Este terreno era un sitio eriazo que no ocupaba nadie, el partido lo tenía botado y nosotros no teníamos dónde vivir. Limpiamos, sacamos la madera y basura y nos instalamos acá, plantamos árboles, recuperamos el terreno, hasta lo vecinos del sector estaban contentos, porque antes era peligroso, dice Hardy.

-“Nos enteramos de la demanda por la prensa”, dicen, entre risas, parafraseando a la Presidenta Bachelet, cuando estalló el caso Caval.

Los pobladores aclaran que no se trata de una toma, sino de una ocupación autogestionada. Nadie se puso de acuerdo para instalarse en el terreno. Fueron llegando de a poco, y varios contaron con la venia de Don Miguel. Cuentan que en el último tiempo, el anciano ya ni siquiera recibía su sueldo por cuidar las 5 hectáreas. Solo y enfermo, los pobladores tuvieron que asistirlo en sus últimos días. Dicen que nadie del PC fue a su funeral.

En 2015 apareció por el sector un sujeto llamado Gustavo Gangara ofreciendo comodatos, dijo ser del partido, incluso le entregó a Hardy un documento que lo autorizaba a vivir ahí para que cuidara la zona.

Luego hubo otro acercamiento y quedó como intermediaria Patricia Rodríguez, nombraron voceros, pero tras ello las tratativas con el partido quedaron en nada. Hasta que a fines de agosto,  el PC presentó la demanda, que acusan contiene información que no es real, como que el terreno recién se ocupó a mediados del 2016 o que los vecinos talaron los árboles.

-Eso sucedió mucho antes, fue un negocio trucho para robarse la madera, explica Natalia.

También los habitantes niegan que haya existido resistencia o violencia organizada para no recibir a la gente del partido, como dice el texto presentado ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio.

Uno de los pobladores, que también es artesano y prefiere reservar su nombre, levanta la voz y dice “entendemos que están con un conflicto legal por la ley de partidos y que por eso presentan la demanda. El PC tiene una verdad jurídica, pero nosotros tenemos un verdad moral, somos pueblo, gente trabajadora, de pocos recursos, que estamos viviendo aquí en una forma de comunitarismo. El PC tiene que honrar sus ideas y no puede desalojarnos por motivos económicos”. Luego, el hombre remata “se tienen que poner lo pantalones largos de la historia”.

Las mujeres del sector están organizadas en una cooperativa de costureras, realizan permacultura y reciclaje y han levantado sus casas a pulso y de a poco. Hasta tienen un fanzine que relata la historia de la comunidad y entregan información sobre hierbas nativas, instrucción para cuidar el agua y cómo instalar baños secos ecológicos, junto a un calendario de siembra.

Como en toda comunidad, no están exentos de problemas. Los dardos apuntan a un narcotraficante de iniciales H.S.G.M, que se tomó la ex casa de don Miguel y desde ahí dirige a sus soldados que venden pasta base. También hay molestia con gente que no tiene reales necesidades e instaló casas de veraneo y pasan vacías.

Stephania Bulnes llegó a la comunidad hace poco más de dos semanas. Con la ayuda de otras mujeres, está levantado un cuarto de madera. Ella se inscribió en el partido por Gladys Marín. Su hija estudiaba en la Universidad Arcis, perdieron la plata invertida y se tuvo que cambiar a la USACH. Esta es su segunda decepción con el PC, afirma.


Sthepania Bulnes junto a Natalia.

Ayer por la mañana Hardy asistió a la municipalidad para pedir audiencia con el alcalde de la comuna, Emilio Jorquera, y ver la posibilidad de armar un Comité de Allegados. En la noche, los pobladores citaron a una asamblea para analizar los cursos de acción a seguir para evitar el desalojo. No se quieren ir del lugar, pero están dispuestos a negociar o llegar un acuerdo con el PC. Desean entablar una mesa de diálogo.

-Para nosotros fue un esfuerzo enorme levantar estas casas. No pueden venir a destruir todo con una retroexcavadora, dice Ignacio, un joven que vive con su polola. Otro vecino le contesta, “es una mariconada esto. Siempre tuvimos voluntad de diálogo y el PC optó por esta vía”.

Hasta el momento, aseguran, el PC sigue sin contactarse con los pobladores para dialogar.

Al cierre de esta edición, además, el partido no realizó un pronunciamiento oficial respecto a estos temas.

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