Adriana Goñi Godoy
Asesino de sacerdote Joan Alsina deberá pasar cinco años en la cárcel
El juez Jorge Zepeda condenó, en primera instancia, al oficial (r) del Ejército Donato López Almarza por el crimen del cura catalán, fusilado en el puente Bulnes.
A cinco años de cárcel fue sentenciado el mayor en retiro del Ejército Donato López Almarza, en calidad de autor material del asesinato del sacerdote español Joan Alsina Hurtos, quien fue fusilado el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes de Santiago.
En su resolución, el juez de la causa, Jorge Zepeda, desestimó una petición de los querellantes, en orden a que se destine una indemnización para los familiares del religioso catalán, pues ésta fue presentada fuera de tiempo.
Alsina Hurtos trabajaba en el Hospital San Juan de Dios al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, mismo recinto donde fue detenido por efectivos militares, el 19 del mismo mes, tras lo cual fue trasladado hasta dependencias del Internado Nacional Barros Arana (INBA).
Ese mismo día, una patrulla militar llevó al cura hasta el sector del puente Bulnes, donde fue acribillado. Actualmente, en el lugar una placa y un mural recuerda a Alsina.
La causa había sido investigada originalmente por el ahora jubilado juez Juan Guzmán, quien la traspasó a Zepeda luego que la judicatura estimara que tenía una sobrecarga de expedientes por violaciones a los derechos humanos.
Para el magistrado se constató que, además de ser golpeado hasta la inconciencia, Alsina recibió siete impactos de alto calibre de parte de un conscripto al que pidió ver a la cara, para darle el perdón católico.
Según consta en el Informe Rettig, «los días 15, 17 y 19 de septiembre de l973 se llevaron a cabo tres operativos militares al interior del Hospital San Juan de Dios. Efectivos militares pertenecientes a un Batallón del Regimiento Yungay de San Felipe».
«La comisión adquirió, conforme al mérito de los testimonios y antecedentes recibidos, la convicción de que la ejecución del sacerdote Juan Alsina Hurtos constituye una violación de sus derechos, siendo responsables de ello agentes del Estado», consta en el texto. (Cooperativa.cl)
