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Brasil – Muerte y venganza en Ciudad de Dios

Brasil – Muerte y venganza en Ciudad de Dios

En Rio de Janeiro siete jóvenes marginales fueron ejecutados por la policía en la favela Ciudad de Dios. La caída de un helicóptero de la policía dentro de la comunidad inició una oleada de violencia que se añade a la guerra abierta entre el narcotráfico y las milicias. En todos los bandos las víctimas son las mismas: negros, jóvenes y pobres.

Agnese Marra, desde Río de Janeiro
Brecha, Montevideo, 25-11-2016

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Durante esta semana 14 mil estudiantes cariocas no pudieron ir a la escuela. Algunos comercios de las favelas de Ciudad de Dios y de La Maré bajaron sus cortinas y colgaron el cartel de “Cerrado”. Padres y madres volvieron a ese estado de pánico que aparece cuando se teme que una bala perdida pueda arrancarle la vida a un hijo.
Todo comenzó el pasado sábado. La favela que se hizo conocida internacionalmente con la película del brasileño Fernando Meirelles pasó la madrugada del viernes bajo el ruido de disparos que se prolongarían casi 24 horas. La guerra por recuperar territorio entre los narcotraficantes del Comando Vermelho y las milicias de la zona oeste provocó la intervención policial alrededor de las doce de la mañana. Esta escena, que se produce semanalmente desde que Rio de Janeiro dejó de ser ciudad “olímpica” para volver a ser tan sólo “maravillosa”, habría pasado desapercibida si no fuera porque a las 19.30 del sábado un helicóptero de la Policía Militar cayó dentro de Ciudad de Dios. Los cuatro agentes que iban dentro fallecieron en el acto.
Sin contrastar las informaciones, los medios publicaron una primera teoría según la cual el helicóptero habría sido derribado a tiros por los narcotraficantes. Los habitantes de la comunidad ya sabían lo que vendría después: más tiros, más muertes, invasiones de sus casas, ocupaciones de territorio, hijos muertos.
Cuando llegó la noche una centena de vecinos se juntaron para ayudar a buscar a familiares que echaban en falta. Después de horas de búsqueda, en plena mata atlántica, encontraron siete cuerpos. La segunda noticia del fin de semana llegaba a primera hora del día con la foto de los siete cadáveres amontonados en una plaza, tapados con sábanas y rodeados por familiares y vecinos que contemplaban la escena: todos negros, todos jóvenes, todos pobres.
La imagen coincide con las cifras. Según el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional (AI), de las 58 mil personas asesinadas el último año en el país, al menos 77 por ciento eran negras, jóvenes, y habitantes de favelas. El director de AI, Atila Roque, usaba otra imagen impactante para describir esos números: “Es como si cada dos días se cayera un avión lleno de jóvenes”.
“Bandido bom, bandido morto”
A última hora del domingo el secretario de Seguridad, Roberto Sá, informó que la pericia del helicóptero no había mostrado impactos de bala, y aseguró que los agentes habían fallecido a causa del impacto y no por disparos. Los medios empezaron a corregir su error, mientras policías del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) se jactaban en Facebook de la muerte de los siete jóvenes: “Ahora todos se ponen a llorar, pero con nosotros no se juega”.
Los padres de los jóvenes asesinados reconocieron que la mayoría de las víctimas estaban vinculadas con el tráfico de drogas, pero denunciaron que aquel hecho no justificaba que hubieran sido “ejecutados a sangre fría, con tiros en la nuca, en la espalda, amputaciones y robo de pertenencias, como el anillo de casado de uno de ellos”, contaba a Folha de São Paulo el pastor evangélico Leonardo Martins da Silva, padre de uno de los asesinados. “¿Por qué no los llevaron a la cárcel? ¿Por qué matarlos?”, decía una de las madres mientras contemplaba a su hijo en el suelo, según relataba el mismo diario.
Esa pregunta, lógica en cualquier parte del mundo, podría parecer retórica en Rio de Janeiro, el segundo estado, después de San Pablo, donde la policía mata más gente. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la policía carioca ha sido responsable de entre un 13 y un 21 por ciento del total de asesinatos cometidos en la ciudad. En 2015 una de cada cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”.
Pero este hecho le parece normal a parte de la sociedad, que apoya la popular frase “bandido bueno, bandido muerto”. El último Anuario Brasileño de Seguridad Pública señala que 50 por ciento de la población concuerda con esta sentencia: “El Estado fracasó e incentivó una política de seguridad que estimula la confrontación y la idea de guerra”, explicaba el soció­logo Renato Sérgio de Lima, vicepresidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Esta misma semana la conocida presentadora de televisión Fátima Bernardes planteó en su programa una pregunta relacionada con el estreno del documental Bajo presión, que trata el tema de la atención médica de emergencia. La cuestión que lanzó al público fue la siguiente: “¿A quién salvaría primero: a un traficante gravemente herido o a un policía con una herida leve?”. La pregunta derivó en un debate que duró toda la semana y del que la presentadora salió muy mal parada, ya que en un momento reconoció que “normalmente se atiende al más grave”. Varios policías comenzaron a atacar a Bernardes, quien llegó a sufrir amenazas de violación en las redes. El diputado y ex policía Jair Bolsonaro (un Donald Trump a la brasileña) fue uno de los primeros en meterse con la periodista, la cual a los pocos días de la polémica quiso dejar claro que para ella “el policía siempre está primero”.
Los datos que presentó el pasado mes de julio Human Rights Watch (Hrw) parecen avalar que la tesis de “bandido bueno, bandido muerto” sería amparada desde el sistema judicial cuando ignora las denuncias que le llegan. El fiscal general de Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, reconocía en el informe de Hrw que “gran parte de los enfrentamientos en los que había muertos por la acción policial eran simulados” y confirmaba que el Ministerio Público admitía “poquísimos casos de denuncias a policías”.
El sistema judicial también llamó la atención esta semana cuando la jueza del estado de Rio de Janeiro Angelica Santos Conta libró un mandato que permite la invasión y aprensión colectiva en las residencias de los habitantes de Ciudad de Dios bajo la justificación de buscar armas: “¿Dónde se ha visto tamaña aberración de permitir entrar de esa manera en las casas de la gente de la favela? No he visto nada parecido con los habitantes de Jardín”, uno de los barrios más caros de San Pablo, denunció la socióloga Esther Solano.
El mandato de la jueza Santos no ha hecho más que legalizar una práctica habitual de la policía, cuestionada desde hace años por asociaciones internacionales y por los propios vecinos de las comunidades. El pasado mes de mayo Irone Santiago, madre de otra víctima policial, le contaba a Brecha cómo durante el año en que la Policía Militar ocupó La Maré la invasión de las casas a cualquier hora era habitual: “Entraban y nos robaban nuestros enseres, amenazaban con matar a nuestros hijos, por no hablar de las balas perdidas”, decía.
Crisis de seguridad
El lunes 21 comenzaron las ocupaciones en Ciudad de Dios, y también en La Maré. Agentes de la Policía Militar y de la Fuerza Nacional entraron a primera hora de la mañana para quedarse. La Secretaría de Seguridad de Rio de Janeiro no ha confirmado por cuánto tiempo se quedarán. La duración del lapso que estén allí también dependerá de cómo el secretario Roberto Sá solucione la grave crisis de seguridad que atraviesa el estado.
A lo largo de la semana se supo que el helicóptero accidentado no sólo no había caído por disparos, sino que los motivos tendrían que ver con problemas técnicos, un hecho que no sorprendió a los agentes, que sabían que desde hace un año la Policía Militar no pagaba la manutención de las aeronaves por falta de dinero.
Fue precisamente la falta de recursos y el aumento de la violencia de los últimos meses lo que hizo dimitir en octubre al antiguo secretario de Seguridad, José Alberto Beltrame, uno de los principales precursores de las Unidades de Policía Pacificadora de las favelas. Hoy en día diversos sociólogos consideran que el modelo ha fracasado. La crisis económica que atraviesa el estado de Rio de Janeiro tiene desde hace meses a los policías sin recibir sus salarios (ya de por sí escasos) en fecha, ha dejado a decenas de patrullas sin poder salir a la calle por falta de dinero para gasolina, y mantiene a las oficinas sin papel higiénico en los baños y sin tinta ni papel en las impresoras.
Con la crisis de la seguridad la violencia no ha hecho más que aumentar, y los policías también mueren más que nunca. En los últimos dos meses el asesinato de agentes, tanto durante su jornada laboral como fuera de ella, se ha triplicado. El ciclo de venganza parece no tener fin y las víctimas siempre son las mismas. “El pasado lunes en el cementerio no se podía distinguir a las madres de los policías muertos de las de los narcotraficantes. Eran iguales: negras y pobres”, resumía Celso Athayde, fundador de la Central Única de Favelas.

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