Esqueda Online, editorial especial, 12-7-2017
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
Hace pocas horas, el juez Sérgio Moro publicó la primera condena de Lula en el ámbito de la Lava Jato. La pena es de nueve años y seis meses y los delitos son corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del triplex. (1) La sentencia tiene más de 700 páginas y la prensa comienza a debatir exhaustivamente los detalles jurídicos y los posibles rumbos del proceso.
Lula no será preso de inmediato y no perderá el derecho a competir a cargos públicos, ya que la Ley Ficha Limpia determina que sólo quedan impedidos de candidatearse los condenados por decisión colegiada. Mientras, tanto la prisión, cuanto la pérdida de derechos políticos están en el horizonte para el próximo período, ya que habrá apelación y la decisión de Moro puede ser confirmada por los tribunales superiores.
Tenemos una posición categórica contra la criminalización sin pruebas de Lula y del PT. Eso no significa, de ninguna manera, un apoyo político al proyecto petista. La defensa de libertades democráticas y el combate al carácter reaccionario de la Lava Jato no se pueden confundir con la defensa de un proyecto que reedite la alianza con las grandes empresas y sus partidos.
La judicialización de la política
La Lava Jato inauguró un proceso de judicialización de la política. O sea, decisiones que son políticas, como quién debe, o no gobernar, o que tiene, o no, legitimidad para disputar un cargo político, entre otras, están siendo tomadas en el ámbito judicial.
Los jueces son vistos como personas neutras, que toman decisiones técnicas, supuestamente apolíticas. Esta visión es peligrosa y reaccionaria, no puede de forma alguna ser estimulada por la izquierda.
En el caso de la condena de Lula estamos delante de un ejemplo evidente de este proceso de judicialización de la política. Condenarlo en el caso del triplex es una forma de retirar al PT de la disputa de 2018 por vía judicial. Este atajo no sirve a la izquierda. Lula no merece confianza de la clase trabajadora, pero el poder judicial no es un aliado para su superación.
Los jueces, fiscales y promotores representan una de las alas burguesas que disputan la crisis nacional. Delante del descrédito y de la impopularidad de la Presidencia de la República y del Congreso Nacional, el poder judicial ha ganado fuerza y amplio apoyo popular. Para la lucha de los trabajadores este proceso no es progresivo, ni significa avance parcial alguno.
Es preciso tener claridad que el STF (Supremo Tribunal Federal) y los procuradores de la Lava Jato también están del lado de las reformas. Uno de los principales ataques de la Reforma Laboral, la prevalencia del negociado sobre lo legislado, fue anticipado por el STF. No fue la única decisión contra los trabajadores. El derecho de huelga y la jornada de trabajo también fueron flexibilizados por el STF.
La corrupción y el PT
Una de las tesis repetidas por la gran prensa y por el juez Sérgio Moro es la idea de que el PT instituyó en sus 13 años de gobierno el mayor esquema de corrupción de la historia de Brasil. Lula sería el jefe de la cuadrilla. En el sentido de reforzar una campaña ideológica de derecha buscan asociar la corrupción a la izquierda y a los movimientos sociales. Somos totalmente contrarios a esa campaña reaccionaria articulada por la burguesía y por los medios de comunicación.
No fue el PT quien llevó la corrupción al Palacio del Planalto, ella siempre existió. El intercambio de favores y privilegios entre políticos y empresarios es antigua, son conocidos los casos de corrupción envolviendo a las empresas constructoras y a la Dictadura Militar, por ejemplo. El gran error del PT fue haberse adaptado a este antiguo esquema y haberse mezclado con lo peor que hay en la política brasilera.
Esta fue una de las consecuencias de la conciliación de clases. El PT se alió con el enemigo e incorporó también sus hábitos. Es evidente que Lula mantuvo relaciones condenables con los grandes empresarios brasileros, Este es un elemento más que prueba la necesidad de la construcción de una alternativa política.
Pero, tenemos la certeza de que una alternativa de independencia de clase no se irá a forjar de manos dadas con la Lava Jato.
Nota de Correspondencia de Prensa
1) Apartamento de lujo en Guarujá, estado de San Pablo, que Lula y su difunta esposa, Marisa Letícia, habrían recibido como pago de sobornos de la empresa OAS para adjudicarse contratos públicos.
