OLCA. 13 de Febrero de 2017
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya notificó al gobierno boliviano para que se pronuncie respecto a las medidas para no vulnerar los derechos del pueblo no contactado.
El año 2013, como parte del proceso de ampliación de la frontera petrolera del gobierno de Evo Morales, el Decreto Supremo 1203 dio origen a la creación del bloque Nueva Esperanza en el norte amazónico del Departamento de La Paz. Allí, donde YPFB y BGP iniciaron operaciones en 2016 para la búsqueda de combustibles fósiles, se han hallados indicios que confirman la existencia de un pueblo indígena no contactado.
El pueblo Tacana, que cohabita con los no contactados desde tiempos ancestrales, ya había dado a conocer al Estado y a las empresas sobre la existencia de este grupo durante el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito administrativo inicial. Durante los meses de agosto y septiembre del año pasado, luego de los incidentes descritos, pidieron el cese inmediato de las operaciones para salvaguardar la integridad de la población indígena en aislamiento; pero, ni los representantes estatales ni de la empresa china contratista, tomaron las medidas necesarias ante la evidencia existente.
Ante esta situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de extinción en que se encuentra este pueblo aislado, la Organización Indígena Tacana, junto al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas cautelares a través de las cuales se exhorte al Estado boliviano a proteger el derecho a la vida de este pueblo no contactado.
La solicitud ante la CIDH, presentada el 22 de diciembre pasado, consiste en paralizar toda actividad de prospección sísmica en el área Nueva Esperanza y en los bloques petroleros definidos en esa zona de la Amazonia y establecer la prohibición absoluta de ingreso de personas ajenas al territorio de los aislados.
Esta petición se fundamenta en el riego que implicaría un contacto directo o indirecto para la salud y la vida de este grupo.
El 23 de enero de este año, la CIDH siguiendo los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad, notificó al Estado y le dio 15 días para informar sobre el curso de las obras de exploración de hidrocarburos y el impacto que podrían tener sobre la vida e integridad del pueblo indígena no contactado, si las autoridades tienen conocimiento de la existencia de este grupo y si habrían adoptado medidas de carácter preventivo para evitar vulnerar sus derechos.
Este caso de denuncia al Estado Boliviano, fue dado a conocer el día lunes 06 de febrero en la ciudad de La Paz en una conferencia de prensa en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la misma que fue interrumpida por los mineros de CONALCAM afines al gobierno de Morales, quienes tomaron las instalaciones durante varias horas de la tarde.
Habiéndose cumplido el plazo otorgado por esta instancia internacional, aún no se conoce la respuesta del Estado.
Por Fátima Monasterio Mercado
Abogada CEJIS
El Desconcierto
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(Foto de pueblos no contactados en la Amazonia de Brasil – Survival International)
