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El cobre y el financiamiento de las demandas sociales

El cobre y el financiamiento de las demandas sociales

Quien quiere los objetivos, quiere los medios para alcanzarlos. Las reivindicaciones sociales deben ser financiadas. Julián Alcayaga propone un modo simple y eficaz, que además permite no subir la tributación de las empresas. ¿Habrá voluntad para llevarlo a cabo?

Foto: Nelson Moya
El cobre y el financiamiento de las demandas sociales

POLITIKA
por Julián Alcayaga O. – Economista y Abogado

Con el estallido social afloró una serie de demandas sociales que todos los gobiernos habían logrado contener u ocultar con medidas paliativas o falaces, como el CAE para los estudiantes, el auge en la Salud, la pensión básica solidaria en la previsión, o el otorgamiento de diversos tipos de bonos. Con estas medidas tramposas, durante 30 años, los sucesivos gobiernos pretendieron que no sería necesario abordar las soluciones integrales a las demandas sociales.
Por ello resulta paradojal y extraño que quienes aparecen encabezando comunicacionalmente el estallido social, –como la mesa social, los partidos y movimientos de ‘izquierda’ o de centro, y otros exponentes de la protesta–, ni siquiera mencionen cómo financiarían durablemente las actuales demandas sociales.No se ha escuchado a los voceros de las demandas sociales recordar que el cobre solía ser el sueldo de Chile, que basta con renacionalizarlo para financiar todas las demandas sociales, como demostraré en esta nota.
En los últimos 3 años de la dictadura Codelco aportaba cerca del 25% de los ingresos del presupuesto nacional. Si trasladamos ese porcentaje al presupuesto actual, equivaldría a US$ 15 mil millones: los ingresos fiscales anuales se sitúan en torno a US$ 60 mil millones.
En los últimos 3 años, sumando los excedentes de Codelco y la tributación de las 10 principales mineras privadas, el Estado recibió apenas US$ 3.500 millones anuales, es decir un ridículo 6% de los ingresos fiscales. No obstante, se produce 4 veces más cobre que en 1989, y 10 veces más que en 1971, cuando el Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre.
En 1989, al terminar la dictadura, Chile ya era el primer productor mundial de cobre, con 1,6 millones de toneladas. De ese volumen, 204 mil toneladas –12,5% del total– lo producían dos mineras extranjeras: La Disputada de Las Condes y Mantos Blancos SA. Todo el resto, lo producía el Estado: Codelco y Enami.Actualmente, según el Anuario de Cochilco 2018, Chile produjo 5,8 millones de toneladas de cobre, de las cuales 4,15 millones lo produjeron mineras extranjeras, –21 veces lo que las mineras extranjeras producían en 1989–, mientras Codelco bajó su participación en la producción, de 83% en 1989, a solo 27% el 2018.
El colosal crecimiento de la producción minera por empresas privadas extranjeras ha sido considerado por “expertos” y los medios de comunicación como un gran éxito de nuestros gobernantes que lograron atraer mucha inversión extranjera. Además, afirman que dicho colosal crecimiento estaría siendo muy beneficioso para Chile. Desgraciadamente, la inversión extranjera en la minería ha sido nefasta para nuestro país, como muestran las cifras que siguen:
Como podemos observar, entre 1990 y 2016 (columna TOTAL), Codelco aportó al país US$ 71.526 millones y produjo 31,2 millones de T. de cobre, es decir, 2.295 dólares por tonelada.Mientras que las 10 GMP (10 mayores empresas de la Gran Minería Privada), produjeron casi el doble que Codelco – 61,6 millones de toneladas de cobre – y pagaron en total US$ 29.932 millones, (incluyendo Impuesto de Primera Categoría, Impuesto Adicional a las remesas y Impuesto Específico a la Minería, conocido popularmente como royalty) lo que da apenas 465 dólares por tonelada de cobre producida, es decir, 5 veces menos que Codelco, sin tomar en consideración el molibdeno, el renio, el oro y la plata que e llevan sin pagar nada.
Sobre la base de estas cifras podemos proyectar lo que las 10 GPM – si estuviesen nacionalizadas o administradas por el Estado – hubiesen podido aportar.Hubiesen aportado los mismos excedentes que Codelco – 2.295 dólares por tonelada de cobre producido –, los que multiplicados por 61,6 millones de toneladas producidas al año 2016, dan un total de US$ 147.666 millones. ¡Más de dos veces los presupuestos anuales del Estado!No obstante, las 10 GMP pagaron apenas US$ 29.932 millones entre 1990 y 2016.
Estas proyecciones demuestran la importancia que tiene renacionalizar el cobre: no hubiésemos perdido 117.734 millones de dólares , perdidos para siempre porque el cobre no se siembra.
Si bien las cifras de producción y tributos presentadas en el cuadro son oficiales (Fuentes: Cochilco, el SII y Memorias de Codelco), no reflejan exactamente la realidad de lo que debieran ser la producción y los aportes al Estado.La producción de las 10 GMP debiese ser 20 a 30% superior a lo exportado, porque Aduanas no fiscaliza la exportación de concentrados (“no tendría personal y medios técnicos para hacerlo”). Sin embargo, sí tiene los medios para subcontratar dicha fiscalización a empresas externas, que a su vez trabajan para las mismas mineras que tienen que fiscalizar.
¡Algunas de esas empresas son filiales de las mismas mineras que se supone deben fiscalizar! Es el zorro a cargo del gallinero.En los hechos se acepta lo que las mineras declaran respecto a la cantidad de toneladas de concentrados exportados, y a su contenido de cobre, oro y plata, y todos los restantes subproductos, como el molibdeno, renio, cobalto, ácido sulfúrico, etc.
Aduanas y Cochilco permiten que no se declaren. De ahí que no es exagerado deducir que las exportaciones de concentrados son superiores a los datos de los informes de Aduana y Cochilco.
En lo que respecta a los aportes de Codelco, la cifra de US$ 71.526 millones de excedentes al año 2016 tampoco es real: debiesen ser superiores en más US$ 20 mil millones.Entre 2005 y 2007 Codelco perdió, fraudulentamente, US$ 5 mil millones en operaciones en mercados de futuro, otros US$ 1.500 millones en el contrato con la minera estatal china Minmetals, y por si fuese poco desaparecieron más de US$ 15 mil millones de los ingresos por ventas del año 2010 en adelante.
A pesar de este cuantioso fraude y malversación en Codelco, (que hasta el momento el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se niegan a investigar), la minería en manos del Estado es varias veces más beneficiosa para los chilenos que el desastre que significa la gran minería privada, que además es extranjera.
Si no fuesen manipuladas y todas las cifras fuesen reales – exportación de las 10 GMP y excedentes de Codelco –, los aportes al Estado, entre 1990 y 2016, serían superiores a US$ 200 mil millones, si el cobre estuviese nacionalizado.
Ahora, en el año 2018, produciendo más de 4 millones de toneladas, si las 10 GMP estuvieran nacionalizadas habrían aportado al Estado más de US$ 15 mil millones.Recordemos que el año 2006 Codelco aportó al Estado US$ 9.215 millones, produciendo solo 1,7 millones de toneladas.
Por otra parte, los beneficios de las 10 GMP nacionalizadas no se expresarían solo en aportes al Fisco, sino también en miles de puestos de trabajo calificados, porque todo el cobre se fundiría y refinaría en Chile.
A pesar de los enormes recursos que se necesitan para financiar las actuales demandas sociales, ninguno de los actores políticos y sociales que encabezan la protesta se ha pronunciado por la nacionalización de la gran minería, como si nacionalización fuera una palabra prohibida o maldita, a pesar que no hay nada en la actual Constitución que se oponga a la nacionalización.
Si ningún actor político y/o social se atreve a propiciar la nacionalización, podría al menos solicitar que se legisle para que las grandes mineras, sin ser nacionalizadas, aporten varios miles de millones de dólares al año, impidiendo, por ley, que sigan escondiendo sus utilidades y por ende evadiendo su tributación.
Esto se puede hacer inmediatamente con leyes ordinarias de quórum simple. Si se legisla para impedir la evasión tributaria de las empresas extranjeras, sobrarían los recursos para financiar todas las demandas sociales que el estallido social ha visibilizado. Pero tampoco, aparecen proposiciones en ese sentido.Las mineras extranjeras practican la evasión tributaria impunemente en Chile: declaran pérdidas y de ese modo no pagan impuesto a la renta. Esto quedó acreditado por un informe del SII, presentado en el Senado el año 2003, que muestra que hasta el año 2003 todas las mineras declararon pérdidas y no pagaron un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Minera Escondida. Sin embargo, hasta esa fecha se habían llevado del país alrededor de 25 millones de toneladas de cobre. En los últimos 4 años, la mitad de estas mineras han vuelto a declarar pérdidas para no pagar impuesto a la renta.Esta cuantiosa evasión tributaria no hubiera ocurrido sin el cambio a la Ley 18.985 de junio de 1990: la renta presunta (el impuesto se calculaba sobre la base de las ventas) que regía para toda la minería, fue sustituido por la renta efectiva para las grandes mineras: así, el impuesto se paga solo si estas mineras declaran utilidades.
¿Qué hicieron las grandes mineras? Llegaron en masa a Chile porque les quedó claro que con la Ley 18.985 podrían llevarse todo el cobre y subproductos que quisieran sin pagar impuestos: basta con declarar pérdidas.A partir de 1990 la inversión extranjera en la minería es lo más negativo y desastroso que ha existido en la economía chilena en toda su historia. Es hora de terminar con eso. Sin embargo la Mesa Social y los cabecillas de la protesta piden satisfacer las demandas sociales, sin proponer medidas para financiarlas. Tampoco se les ocurre exigir la nacionalización de la gran minería, o legislar para que las empresas extranjeras que ocultan sus utilidades y por ende sus impuestos, paguen lo que corresponde.
¿Qué esperan para hacerlo?
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